"Se ha decidido no otorgar la visa solicitada para el ministro de Defensa de Bolivia" y "ha sido formalmente comunicado a las autoridades bolivianas", ha indicado la Cancillería chilena a través de un breve comunicado.
La decisión obedece a que "ya se encuentran en el país prestando la debida asistencia consular a los ciudadanos bolivianos detenidos tanto la viceministra de Gestión Institucional y Asuntos Consulares, Carmen Almendras, como el cónsul general de Bolivia en Arica, Elmer Catarina".
"A ellos se sumará la señora Liliana Guzmán, directora general de Derechos Humanos e Interculturalidad de las Fuerzas Armadas bolivianas, con el mismo propósito", ha añadido el departamento que dirige Heraldo Muñoz.
También han afectado a la decisión "los términos destemplados a los que ha recurrido el ministro de Defensa para referirse a Chile, sus alusiones injuriosas al Gobierno y a la presidenta de la República, así como su llamado a un boicot a los productos chilenos".
"Cabe recordar que, en casos justificados, se ha otorgado el visado correspondiente para altas autoridades bolivianas, como fue la concedida recientemente al ministro de Economía, Luis Arce, que participó en una reunión de carácter internacional en Santiago", ha añadido.
En declaraciones al diario boliviano 'Página Siete', Ferreira ha explicado que hizo el trámite pertinente en un consulado chileno, pero que las autoridades del país vecino le indicaron que su solicitud iba a ser revisada porque su visita era un "tema delicado".
En este contexto, el titular de la cartera de Defensa perdió el lunes hasta tres vuelos con destino a Chile. "Esperamos que mañana se dé o que nos den una respuesta oficial", ha indicado Ferreira a la emisora boliviana Patria Nueva.
Morales ha denunciado que la diplomacia de Chile "se cae pedazo a pedazo" y ha comparado la gestión de las relaciones bilaterales por parte del Gobierno de Michelle Bachelet con "los tiempos de la dictadura pinochetista".
INCIDENTE EN LA FRONTERA
Una jueza chilena ordenó el 22 de marzo el ingreso en prisión preventiva de los dos militares y siete empleados de la administración aduanera de Bolivia que fueron detenidos días antes en la frontera común mientras realizaban tareas relacionadas con la lucha contra el contrabando.
Esto cargos acarrean hasta diez años de cárcel, una pena elevada que motivó a la jueza a dictar prisión preventiva para todos los acusados hasta que concluya la investigación, para lo cual dio tan solo 120 días de plazo.
El Gobierno de Morales sostiene que los funcionarios estaban inspeccionando unos camiones chilenos en el lado boliviano de la frontera, porque tenían información de que transportaban mercancía de contrabando, cuando agentes de Carabineros intervinieron y les detuvieron.
La presidenta de Chile ha desmentido esta versión y ha indicado que "las nueve personas detenidas estaban en territorio chileno cometiendo delitos". "Se habían robado uno y querían robarse nueve camiones con productos", dijo en una rueda de prensa.
Ambos países ya tuvieron una crisis la semana anterior porque, según Bolivia, las autoridades chilenas obligaron a retirar la bandera del consulado de Antofagasta, si bien La Moneda sostiene que en realidad no era una oficina consular.
Esta escalada de tensión ha precedido a la entrega de la réplica de La Paz a la memoria de Santiago sobre la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile devuelva a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.
La delegación boliviana completó este trámite procesal el 21 de marzo en La Haya mientras en la nación andina se celebraba una serie de rituales, encabezados por Morales, para garantizar el éxito de la demanda contra Chile.
DISPUTA TERRITORIAL
El conflicto territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.
Chile asegura que con el acuerdo de paz --que fue ratificado por ambos parlamentos 20 años después-- se establecen las fronteras, también las marítimas, de las naciones combatientes, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial.
Bolivia argumenta que el acuerdo de paz es "injusto, incumplido e impuesto" y ha rechazado la intangibilidad de los tratados internacionales, recordando que Estados Unidos se avino a superar el firmado en 1903 con Panamá.
En un intento por destrabar el conflicto bilateral, el Gobierno de Morales firmó en 2006 un agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima para Bolivia con el Ejecutivo chileno, entonces también encabezado por Bachelet.
No obstante, el diálogo nunca llegó a iniciarse, más allá de las reuniones de trabajo, por lo que finalmente el 24 de abril de 2013 el Gobierno boliviano presentó una demanda en la CIJ para exigir su salida al mar a Chile.
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