Un pozo sin fondo que se ha llevado casi 1.500 millones de dinero público en algo más de un lustro. Y es que la Generalitat de Cataluña ha destinado ingentes cantidades de fondos para sufragar y garantizar la supervivencia de sus medios de comunicación en los últimos ejercicios, en pleno auge del movimiento soberanista. En concreto y según revelan las cuentas anuales aportadas al Registro Mercantil por la denominada Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), cuya parte del león la constituye TV3, el Gobierno catalán inyectó en forma de subvenciones un total de 1.465,2 millones de euros entre el año 2013 y 2018, con el proceso independentista en ebullición. Se trata de una cuantía total equivalente al presupuesto catalán de Interior en un ejercicio y similar a la partida que cada año se contempla para el fomento de la cultura, que en el presente 2019 contará con casi 300 millones de euros.
Fue el 12 de diciembre de 2013 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció su intención de convocar una consulta pública para el 9 de noviembre de 2014, en la que se preguntara a los ciudadanos si Cataluña debía ser un Estado y, en ese supuesto, si debía ser un Estado independiente. Un órdago que llevaría a la inhabilitación del otrora político de CiU por desobediencia. No fue el final. La deriva culminaba el 1 de octubre de 2017, con la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, la posterior aplicación del artículo 155 y, finalmente, con la toma posesión del Gobierno de Quim Torra tras la celebración de elecciones. Durante esos años de infarto, los medios públicos no sufrieron precisamente estrecheces. La CCMA recibió de su accionista único 261,8 millones en 2013; un total de 244,1 millones al año siguiente, y se fue por encima de los 236 tanto en 2015 como en 2016 y 2017. Todo sin contar con otras aportaciones de empresas públicas.
Según las cuentas de 2018, recientemente presentadas en el Registro, la CCMA -que incluye otros seis canales de televisión además de TV3, Catalunya Radio y otros medios digitales- dispuso de 220,6 millones de subvención directa de la Generalitat, más otros 19 millones extraordinarios para financiar el agujero procedente del litigio por el IVA que las televisiones autonómicas mantienen con el Estado y, finalmente, de casi 10 millones adicionales para compensar el déficit de 2017 y el abono de la paga extra de 2012. Véase, una cifra cercana a los 250 millones de euros. La facturación ‘propia’ de la Corporación no llegó a los 59 millones de euros, lejos de los 175,7 asumidos como gastos de personal. Una comparación que demuestra la ineficiencia del modelo, una debilidad que comparten gran parte de las televisiones autonómicas.
Eso sí, la memoria del organismo público echa balones fuera y busca otros ‘culpables’ de su mal desempeño publicitario, incluido el escenario político. "Pese a que el presupuesto de 2018 preveía unos ingresos de publicidad de 68,2 millones, al cierre de 2017 solo se alcanzaron los 56,7 millones. La situación del mercado no preveía que durante 2018 se pudiera recuperar la cifra presupuestada en 2017 (…) La concentración de la contratación en el oligopolio Mediaset-Atresmedia, por un lado, y el contexto sociopolítico, por otro, (…) han afectado gravemente a las contrataciones en televisión", zanja el documento. El auditor, en este caso EY, prefiere focalizarse en el modelo y destaca en su informe -al analizar la nueva metodología aplicada para contabilizar los ingresos- que "la sociedad recibe una parte relevante de fondos para la financiación de su actividad por parte de la Generalitat de Cataluña, a través de transferencias, subvenciones y aportaciones de socios".
Desde el Partido Popular, en el Gobierno durante la aplicación del 155, TV3 era vista como parte del engranaje del golpe de Estado. Buena parte de sus primeros espadas lo argumentaban con convicción, al punto de que el propio Pablo Casado no ha dudado en defender una aplicación más larga del 155 que incluya la intervención de la televisión pública y abordar el problema de la educación. Del mismo modo, la disputa entre el líder de Cs, Albert Rivera, y la entidad pública es bien conocida y de largo aliento. Pese a ello, la CCMA no duda en sacar pecho por los niveles de pluralismo alcanzado por la cadena. "De acuerdo con múltiples indicadores analizados para la observancia del pluralismo en los distintos espacios informativos y de debate, el CAC constata que los medios de la CCMA dan voz a una amplio abanico de agrupaciones políticas, incluyendo la totalidad de las que tienen vinculación parlamentaria", subraya la memoria.
El pulso por el IVA
El agujero económico de la televisión pública puede aliviarse si termina por ‘derrotar’ definitivamente a la Agencia Tributaria en el conflicto que desde hace años mantiene abierto a resultas de la deducción del IVA. El criterio de Hacienda fue durante años que solo podía desgravarse este tributo en los ingresos por publicidad, pero no en las aportaciones públicas recibidas, como habría hecho la entidad catalana. Aunque el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ya dio la razón en abril de 2018 a la CCMA en lo relativo a los años 2012, 2013 y 2014, el propio TEAC decidió en septiembre plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que expresara su opinión sobre el contencioso. Un movimiento que ha retrasado la tanda de devoluciones. Del mismo modo, quedan pendientes los procesos relacionados con el IVA de los años 2015, 2016 y 2017, donde están en juego más de 360 millones para el conjunto de las televisiones autonómicas.
De hecho, durante estos meses, el Ministerio de Hacienda ha redoblado su supervisión de la Generalitat catalana. Según admite en sus cuentas la CCMA, con fecha 13 de noviembre de 2018, recibió comunicación de la Agencia Tributaria para ampliar su inspección hasta finales de 2017, dentro de una investigación ya en curso que abarcaba los periodos comprendidos entre enero de 2015 y agosto de 2017. "Las actuaciones inspectoras -explican los afectados- tienen carácter parcial y su finalidad esencial es comprobar la correcta anotación de las facturas emitidas y recibidas en los correspondientes libros de registro, la debida concordancia entre los datos contenidos en los libros de registro y las autoliquidaciones del IVA, la procedencia de los tipos de gravamen diferentes del tipo general aplicado y el cumplimiento de los requisitos de exención o obligación de las operaciones, así como las deducibilidad de las cuotas soportadas". En juego, 50 millones de euros. No precisamente una bicoca.
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