El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras dos personas, ha informado el TSJCV.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Las diligencias están secretas, detalla el alto tribunal valenciano .
La actuación se enmarca en la llamada 'Operación Alquería', en la que agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La Diputación de Valencia ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE), en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para esta institución provincial: Imelsa, la actual Divalterra. Con unos 700 trabajadores y dedicada a la gestión forestal y a las iniciativas de empleo local y rural en sus inicios, esta firma tiene ahora como objetivo principal "la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia".
Entre sus áreas figuran también la gestión del medio rural, la regeneración de zonas verdes urbanas, el medio ambiente y el turismo, todo ello enmarcado en un proyecto global del PSPV y Compromís -socios actuales de gobierno junto a Esquerra Unida- de enterrar la Imelsa del PP con un nuevo nombre pero que ha terminado siendo investigado por varios contratos de alta dirección denunciados por la Fiscalía Anticorrupción.
Además, Divalterra ya ha vivido varias polémicas políticas en estos tres años de legislatura, como la que desembocó en la dimisión de su gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, ante las acusaciones de la oposición de que la estaba convirtiendo en su "garito particular", con contratos fraccionados y "a dedo", y gastos de 252 euros en alcohol cargados a la empresa que devolvió al dimitir. Esa marcha forzada de Sahuquillo derivó en el desdoblamiento de ese cargo en dos cogerentes para intentar garantizar su transparencia, uno del PSPV (Javier Simó) y otra de Compromís (Agustina Brines), hoy detenidos.
El nombre de Imelsa lleva al menos cuatro años asociados a causas judiciales. El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando EU llevó a la Fiscalía Anticorrupción unas grabaciones efectuadas durante años por el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar. Sin embargo, no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente e Imelsa pasó a acaparar titulares a nivel nacional, especialmente con el arresto de Rus, uno de los políticos más mediáticos que tenía entonces el PP.
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