Edil de Urbanismo de Pinto (Madrid) admite que compró un terreno en 1995 a través de una empresa cuando no era concejal

PINTO, 17 (EUROPA PRESS) El concejal de Urbanismo y coordinador de IU en Pinto, Carlos Penit, admitió hoy ante la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Parla que, en el año 1995, adquirió un terreno en la localidad pinteña de 1.600 metros catalogados como suelo rústico que, posteriormente, le reportarían derechos de edificabilidad de 528 metros. El edil defendió la legalidad de esta operación, que -según dijo hoy ante los periodistas- se realizó cuando no tenía acta de concejal y que declaró ante todas las instancias, entre ellas, el Ayuntamiento pinteño a través de su Pleno municipal en el año 1996. En declaraciones a los medios tras la comparecencia que esta mañana realizó ante el juzgado por la demanda del PP por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencia en la moción de censura del pasado 22 de diciembre, el edil de IU negó cualquier "vinculación" entre la empresa AG-100 y la familia Carrero Manrique, propietaria de terrenos en la localidad pinteña. En este sentido, aseguró que lo único que existe es "un poder" que dio "a un señor (en referencia a Remigio Carrero Manrique) para comprar esos 528 metros edificables". De esta manera, aseguró que nunca se acordó de revocar esos poderes, aunque enfatizó en que "jamás" se utilizaron para otra cosa que no fuese la compra realizada en el 95.PERMUTA En esta línea, negó que él sea el propietario de los terrenos rústicos ubicados junto a la Planta de Biometanización de Pinto que, en 2007, el Ayuntamiento permutó para instalar la sede de una asociación a cambio de edificabilidad en el barrio de La Tenería II, un proyecto que habría supuesto unas pérdidas económicas a las arcas municipales de dos millones de euros. Tras reiterar varias veces que "todo es legal y transparente", negó que sea el propietario "del suelo rústico de la permuta" y advirtió que "si alguien lo ha planteado", irá "contra él por denuncia falsa". Penit admitió, por otra parte, que el programa de Gobierno de los tres firmantes de la moción incluía una cláusula para solicitar a los técnicos municipales todos los informes preceptivos y jurídicos que permitan al Ayuntamiento dar la "mejor solución en base a los intereses municipales" al Contencioso Administrativo que hay abierto sobre este asunto.