Para algunos son 'héroes'. Para otros, 'villanos'. Son los dos hombres que han frenado el proceso independentista en el Parlament, negándose a firmar la tramitación de la Ley de Referéndum y, por tanto, provocando que todo lo que se apruebe en la cámara autonómica a partir de ahora carezca de validez legal. Se llaman Xavier Muro y Antoni Bayona y con su decisión han dado el golpe de gracia a las intenciones de los independentistas.
Muro y Bayona han sido los encargados de firmar este 6 de septiembre el informe en el que advertían a la Mesa del Parlament que tramitar las leyes de ruptura supone desobedecer al Tribunal Constitucional. En el escrito ambos señalan que las intenciones de los independentistas chocan de manera "directa" con varias resoluciones soberanistas anuladas por el TC y recuerdan que el tribunal ha indicado a los miembros de la Mesa que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que vaya en esta línea.
La decisión de Muro y Bayona ha provocado que hayan tenido que ser los diputados de Junts pel Sí quienes publiquen en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) la proposición de Ley de Referéndum, negándose ambos a participar en cualquier decisión que pueda acabar con su carrera en la administración.
Pero, ¿quiénes son los estos dos funcionarios que han evitado dar validez a las intenciones de los independentistas? Xavier Muro i Bas fue nombrado secretario general del Parlament el pasado mes de octubre en sustitución de Pere Sol, que renunció al cargo por motivos "estrictamente personales". Licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Barcelona (UB), Muro era hasta entonces director de Govern Interior en la cámara autonómica, cargo que ocupó durante veinticinco años. También fue técnico de la administración general de la Diputación de Barcelona y técnico secretario del ayuntamiento de Barcelona con categoría superior.
El secretario general es considerado toda una institución en el Parlament. Lleva trabajando allí desde 1992, en la época de Jordi Pujol, y ha conocido a Gobiernos catalanes de diferente símbolo, desde el tripartito hasta el reciente ejecutivo dirigido por Artur Mas. Es uno de los más veteranos de la cámara.
Muro conoce el Derecho Constitucional a la perfección. De hecho, hasta que fue nombrado secretario general del Parlament impartió esta materia en la Universidad Pompeu Frabra (UPF). Los independentistas contaban con su 'colaboración' para aprobar la Ley del Referéndum, pero él ha preferido atenerse a la legalidad.El perfil del letrado mayor del Parlament
El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, también se ha negado a secundar la tramitación de la Ley de Referéndum bajo el argumento de que no puede aceptar firmar nada que sea ilegal. La carrera de este doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Cataluña también dispone de una amplia trayectoria en la administración catalana: entre 1988 y 1994 fue miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat, entre el 94 y 2003 fue director del Instituto de Estudios Autonómicos y Consejero del Consejo Audiovisual de Cataluña entre 2003 y 2006.
Especializado en Derecho autonómico, organización territorial y régimen local, el pasado mes de junio publicó un artículo en la Revista catalana de Derecho público en el que alertaba de la ilegalidad del proceso independentista: "En un contexto tan hostil puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como este".
El letrado mayor del Parlament aseguraba que si los independentistas no ceden ante el Estado español se produciría un escenario de "conflicto" con "el Estado y con el Tribunal Constitucional", lo que llevaría "a una nueva dimensión política y jurídica de resultados inciertos, ya que significaría una rotura del marco político y social en el que se fundamenta el Estado". Y anticipaba lo ocurrido este miércoles: aprobar la Ley de Referéndum "en un contexto tan hostil puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como este".
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