Los cuatro grandes partidos -PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- se han unido por una vez en las Cortes para exigir a las grandes empresas españolas que desnuden todos sus datos contables, laborales y económicos. Y que lo hagan cada año y de forma completa. El Congreso acaba de aprobar, solo con la abstención del diputado de ERC, el proyecto de ley que aumenta el nivel de información que deberán facilitar las grandes empresas españolas de más de 250 empleados (cerca de 5.000 en toda España) y por el que estarán obligadas a rendir cuentas en su informe de gestión consolidado, entre otras cuestiones, de los sueldos de sus empleados, el nivel de temporales o contratos parciales en la plantilla o cómo paga sus impuestos.
Además de poner de acuerdo a los grandes grupos, otra de las peculiaridades de la iniciativa es que procede de un decreto ley defendido en su día por el exministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, para trasponer una directiva comunitaria. Ahora, ha recibido la luz verde de mano de la Comisión de Economía y Empresa, que en este caso tiene competencia legislativa y, por tanto, no es necesario su paso por pleno.
Según adelanta Europa Press, el informe de ponencia incorpora novedades como que estarán obligadas a rendir cuentas todas las empresas con más de 250 empleados, sin excepción. Eso sí, en un plazo de aplicación progresivo de tres años a partir del vigente ejercicio. Únicamente aquellas compañías con más de 500 personas trabajando, y con una facturación de 40 millones de euros, deberán aplicarla ya para el ejercicio 2018, ya que a ellas se limitaba el ámbito de aplicación a su llegada a la Cámara Baja.
Según los datos oficiales de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hay un total de 4.672 empresas con más de 250 empleados en nuestro país, algo así como el 0,2% de las casi 2,9 millones de empresas registradas. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística cifra en poco más de 1.900 las empresas con más de medio millar de personas en plantilla.
En cualquier caso, todas ellas, aunque en este periodo variable de aplicación según su tamaño, deberán publicar de forma gratuita y "fácilmente accesible" en la web de la sociedad en los primeros seis meses de la finalización del ejercicio, donde deberán permanecer al menos cinco años. Además del Código de Comercio y la Ley de sociedades de capital sobre información no financiera y diversidad, el proyecto de ley que el Congreso remitirá al Senado incluye la trasposición de una nueva directiva, que modifica la Ley de instituciones de inversión colectiva, y la Ley de servicios de pago.
Entre los datos que deberá incluir la empresa se encuentra el número total de empleados, con su distribución entre indefinidos y temporales, contratos a tiempo parcial, sus remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor, y la remuneración media de consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, y planes de pensiones, informa Ep.
También cuestiones relativas a la organización del trabajo, tales como el número de horas de absentismo y medidas para facilitar la conciliación, frecuencia de accidentes de trabajo, políticas de accesibilidad, de formación o dirigidas a promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Igualmente, deberán rendir cuentas sobre los beneficios obtenidos país por país, los impuestos abonados sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas, cuestiones sobre la política de subcontrataciones (si tiene en cuenta aspectos sociales y de igualdad, por ejemplo) y medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.
Esta información, según recoge la ley, deberá ser "verificada por un prestador independiente de servicios de verificación", y permite al Gobierno establecer en la norma, a través de un reglamento, "indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera". En ese desarrollo reglamentario podría incluirse un régimen sancionador, ya que la trasposición de esta directiva no incluye ningún artículo para reflejar las consecuencias del incumplimiento de los establecido en la norma
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