La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha denunciado ante la Fiscalía de Valladolid a la Junta de Castilla y León por una supuesta comisión por omisión o por imprudencia de un delito de lesiones dolosas consumadas y otro de omisión del deber de socorro.
En concreto, la denuncia se dirige contra el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y el gerente regional de Salud de Castilla y León, Rafael López Iglesias, así como contra otras figuras directivas de su departamento que puedan ser responsables penalmente.
Miembros de la Plataforma han explicado los motivos que les han llevado a presentar la demanda junto al abogado Pablo Gerbolés --que fue presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado de Valladolid--, quien ha prestado su ayuda al colectivo, en una rueda de prensa en la que también han estado respaldados por la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, y la concejal de Sí se Puede Charo Chávez.
En este contexto, la portavoz de la Plataforma María José Gómez Rodríguez ha incidido en que siguen pidiendo tratamiento para todos y "no llega" después de tres años desde que comenzaran las protestas de estos colectivos y mientras tanto las administraciones se apoyan aún en un plan estratégico de carácter nacional "obsoleto" y "caduco" que fija que se debe administrar los nuevos medicamentos a los pacientes que se encuentren del estadio F2 (indica el avance de la fibrosis del hígado) de la enfermedad en adelante y deja fuera a los F0 y F1.
Así, los enfermos más leves tienen que esperar a empeorar para poder recibir un tratamiento, cuando la comunidad médica ya está de acuerdo en que hay que tratar a todos los enfermos cuando antes para una mejor curación, dado que hay cura, aunque si el hígado se daña, seguirá dañado, ha añadido.
Por ello, han pedido "valentía" a los médicos, que "den un puñetazo en la mesa", y que no se escuden en el plan porque no hay razón alguna para que no se administre el tratamiento, cuando además la enfermedad es un problema "de salud pública". La portavoz de la Plataforma ha señalado que si se tratase a todos más de los integrantes de la misma habrían quedado en un estadillo inicial de la enfermedad y, por ejemplo, en su caso, ha tenido que esperar a llegar a F2 para tratarse.
A todo eso se suma, ha explicado, que hay un riesgo de contagio que, aunque dicen que es mínimo, aunque consideran que "no lo será tanto" cuando ni siquiera los familiares de los enfermos pueden donar sangre por si acaso. María José Gómez también ha señalado que se les ha acusado "de todo" y ha criticado que lleven esperando desde julio del año pasado a una reunión con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
De la misma forma, la Plataforma ha recordado que es una enfermedad silenciosa y muchos de las personas que la padecen aún no lo saben y tienen derecho a la salud como todos.
Gómez Rodríguez ha pedido que Castilla y León dé el paso, algo que ya han hecho las comunidades de Valencia y Madrid al decidir tratar a todos una vez visto que ya el plan nacional no sirve y ha rechazado la "tomadura de pelo" que supone que continuamente se produzcan retrasos en el avance en el tratamiento a pacientes más leves.
LESIONES Y OMISIÓN DE SOCORRO
El abogado Pablo Gerbolés ha concretado que la denuncia se ha puesto en la misma línea que otras presentadas por otras plataformas como la de Galicia, donde se habla incluso de homicidio por imprudencia grave.
Sin embargo, en Castilla y León, aunque no se descarta que esto hubiera podido ocurrir, en este caso se basan en el caso de un paciente al que está en la plataforma y se basa en el derecho constitucional a la vida y la integridad física y que se contrapone a los intereses económicos, de manera que se plantea la curación o la enfermedad, "vivir o sobrevivir" frente a los planteamientos económicos.
Entre los argumentos están el derecho a la vida por encima de los citados intereses económicos y los afectados consideran que podría haber un eventual delito de lesiones dolosas, cuando además es un medicamento que tiene un porcentaje de curación "enorme". Precisamente en la denuncia se explica que en el laboratorio que prescribe el medicamento no se establece condicionamiento alguno en las recomendaciones de prescripción.
DATOS DE LA JUNTA
Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad indican que Sacyl ha administrado los nuevos tratamientos contra la hepatitis C a 3.555 pacientes, de los que se han curado entre el 95 y el 97 por ciento, un porcentaje que podría ser mayor e incluso llegar al cien por cien en otros más leves que aún quedan por tratar, que podrían ascender a unos 1.000 enfermos en toda la Comunidad diagnosticados con afectación leve o poca afectación hepática. Además, según algunos estudios, en torno al 1,2 por ciento de la población de la Comunidad probablemente tenga infección y no la conozca.
Así lo puso de manifiesto el pasado día 26 de abril, en el marco de la jornada 'Políticas de Salud Pública de Hepatitis C en Castilla y León. Resultados y Retos', que inauguró en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.
Éste explicó entonces que la hepatitis C supone el problema más importante de salud pública en España por la difusión del virus hace algunas décadas ante el que la sanidad pública española ha dado una respuesta "importantísima", ya que España ha sido uno de los primeros países en aplicar de manera generalizada los nuevos medicamentos para curar una enfermedad crónica que generaba muchas complicaciones y mucha mortalidad.
SUPERADAS LAS PREVISIONES
Antonio María Sáez Aguado destacó que el número de pacientes a los que se ha tratado (3.555) supera los 2.700 de los que se hablaba en el momento de aprobarse el Plan Estratégico nacional.
Esto, ha recordado Sáez Aguado, tuvo un "elevado" impacto en términos presupuestarios en la Comunidad que ascendió a 88 millones de euros, la mayor parte en 2015 --cuando se empezaron a utilizar estos nuevos medicamentos-- aunque Castilla y León "tomó en su momento la decisión de no poner restricciones presupuestarias".
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