La Conselleria de Sanidad trasladará a la Abogacía de la Generalitat las presuntas irregularidades detectadas por la Dirección General de la Alta Inspección en las cinco concesionarias sanitarias de la Comunitat Valenciana respecto a la posible doble facturación de pacientes de Urgencia extra cápita.
Así lo ha indicado este lunes la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en una rueda de prensa al ser preguntada por este asunto tras presentar el Registro Individualizado de Lista de Espera Quirúrgica, una aplicación que ofrece información sobre los tiempos de espera para una intervención quirúrgica.
Montón ha explicado que hay indicios de que esta situación de presunta doble facturación que se estaba produciendo entre los años 2013 y 2015 "también se podría haber estado produciendo desde el inicio de las concesiones", ha apuntado.
Se trata de una supuesta irregularidad detectada en las cinco concesionarias privadas de la Comunitat aunque en Alzira "se hacía de una manera más grosera", ha dicho. Consistía, ha explicado Montón, en una doble facturación o facturación indebida como Urgencia algo que no lo era; o que sí lo era pero no se atendía en la propia urgencia hospitalaria.
En concreto, en el Hospital de Alzira estas presuntas irregularidades alcanzarían los 2,6 millones de euros, lo que representa el 25 por ciento de la facturación total que se hace en Urgencias a pacientes fuera de cápita. En el resto de concesionarias la cifra es menor, aunque la consellera no ha concretado cuánto.
La consellera ha indicado que remitirán este informe de la Inspección a la Abogacía de la Generalitat para que determine las consecuencias y responsabilidades que se pueden pedir en esta situación de supuesta facturación irregular.
"Estamos en el inicio del recorrido", ha apostillado para agregar que "ahora lo más importante es trasladarlo a la Abogacía para que nos ayude a ver responsabilidades y las consecuencias. Es nuestra obligación velar porque el dinero de los ciudadanos esté bien administrado. Aquí rompemos la opacidad y la falta de control de épocas anteriores", ha subrayado.
Preguntada por si en estos momentos, en la negociación de la reversión del modelo, se podría llegar a algún acuerdo con las concesionarias, Montón ha afirmado que "la petición a la Abogacía es eso. Nosotros vamos a defender cada céntimo de los valencianos".
La consellera ha recordado, por último, que el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia está investigando el presunto cobro de hasta un millón de euros en comisiones por parte de la central de compras de Ribera Salud --B2B-- por las prótesis y material sanitario que utiliza en los hospitales y centros de salud de la concesionaria --Alzira, Torrevieja, Dénia, Vinalopó--.
RIBERA NIEGA SOBRECOSTES
La concesionaria Ribera Salud UTE ha desmentido en un comunicado que se haya cometido alguna irregularidad y ha señalado que "todas" sus auditorías "demuestran que se sigue escrupulosamente el Real Decreto Legislativo 1/2005 del Consell de la Generalitat por el que se aprueba la Ley de Tasas, que marca las condiciones de la facturación".
Así mismo, ha señalado que la actual Conselleria, como miembro de las comisiones mixtas donde se dirimen estos asuntos, "ha avalado el cierre de las liquidaciones 2008-2012, con los mismos criterios". Es decir, "si fuera cierta la denuncia de sobrefacturación, la actual Conselleria estaría incurriendo en un hecho sin precedentes en la historia al estar autoinculpándose ella misma de cometer irregularidades", ha advertido.
Según establece el pliego de condiciones, --ha continuado-- "las liquidaciones deben hacerse a año vencido, por lo que la actual Conselleria está incumpliendo por segundo año consecutivo la obligación de convocar comisiones mixtas con la periodicidad que establece el contrato, según le ha reclamado el concesionario en varias ocasiones. Parece sorprendente que si tanto le preocupa este tema a la Conselleria, no convoque con carácter urgente una Comisión mixta", ha indicado.
Ribera Salud también ha aclarado que "no puede haber habido perjuicio para la Administración ya que no se ha convocado la reunión de la Comisión mixta para la apertura de estas liquidaciones del periodo 2013-2015, tal y como establece el pliego de condiciones y reclama el concesionario". Por tanto, "si no hay liquidación, no hay posible sobrefacturación ni perjuicio alguno para la Administración", ha insistido.
Por último, ha lamentado la campaña "permanente" de "persecución y desprestigio" que la compañía viene padeciendo en los últimos meses y ha avanzado que se ha presentado una reclamación oficial a la Conselleria de Sanidad con la exigencia de conocer el informe y convocar con carácter urgente una Comisión Mixta.
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