Jiménez reitera que el psoe recurrirá los recortes sanitarios ante el tribunal constitucional

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha asegurado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas sanitarias, que según el Consejo de Garantías Estatutarias catalán contiene algunos preceptos que son inconstitucionales.
Jiménez ha mantenido un encuentro con el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg), Benjamín Abarca, en el que, entre otras cuestiones, han analizado las consecuencias del citado decreto.
La dirigente socialista denuncia que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, dice que la norma cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas, cuando, asegura, "lo cierto es que Cataluña y País Vasco ya han anunciado que recurrirán al Constitucional y Andalucía lo está estudiando".
La responsable de Política Social coincide con el presidente de la Semg en rechazar el cambio de modelo que supone la nueva política sanitaria, con la recuperación del concepto de asegurado "y el retroceso respecto a leyes consensuadas con partidos y profesionales, como la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad".
Por ello, Jiménez emplaza a Mato "a escuchar la voz de los profesionales", al tiempo que muestra la disposición del PSOE "para colaborar en la búsqueda e implementación de las medidas que supongan realmente una mejora del sistema sanitario, sin recortes en derechos ni copagos".
Por otra parte, la dirigente socialista y Rosa Aguilar, portavoz socialista de Servicios Sociales en la comisión parlamentaria de Sanidad y Servicios Sociales, han mantenido también un encuentro con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores Sociales, Alberto Fernández.
Según el PSOE, ambas partes han coincidido en "denunciar las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, "generadoras de cada vez más desigualdades, pobreza y sufrimiento".
Jiménez ha mostrado su "enorme preocupación por los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 en materia de servicios sociales, que ponen en riesgo la calidad de los servicios que prestan ayuntamientos, comunidades autónomas y entidades del Tercer Sector, a la vez que se está destruyendo empleo cualificado".