En solo siete meses de gestión el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 25 Reales Decretos-Ley. En los cinco anteriores, el Ejecutivo de Mariano Rajoy apenas había sacado adelante tres. La suma de ambas iniciativas ha arrojado un saldo histórico en el aún breve recorrido de la democracia española. Se trata de la tercera mayor cifra de Reales Decretos Ley aprobados en un año natural de toda la historia democrática de España, solo superada por dos ejercicios muy singulares: el del año 1978, en el que las Cortes Constituyentes prepararon el camino para la aprobación de la actual Constitución Española; y el convulso año 2012, en el que el Gobierno de Rajoy tuvo que abordar por la vía rápida todas las reformas económicas y sociales que le exigía Bruselas para liberar los recursos que sirvieron para rescatar el sector financiero doméstico.
Los datos los ha recopilado CEOE en su informe 'La producción normativa en 2018' - que desde hace un par de años visibiliza el ingente volumen de cambios legales que deben digerir las empresas (y los ciudadanos) en cada curso legislativo - y rebelan que mientras en 1978 se promulgaron 37 reales decreto ley, en 2012 esa cifra fue de 29 y el año pasado fue de 28.
El impulso legislativo 'por decreto' del Gobierno Sánchez ha traído la mayor producción normativa por parte del Estado de los últimos tres años, con 588 normas estatales, si bien en perspectiva histórica esta cifra se sitúa muy por debajo de la media en un fenómeno que el Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE atribuye a "una legislatura con un arco parlamentario bastante heterogéneo, a lo que hay que agregar, además, el cambio de gobierno que se produjo a principios de junio tras la moción de censura".
Por vehículo legal, en 2018 se aprobaron 5 leyes orgánicas, 11 leyes ordinarias, 172 reales decretos, 28 reales decretos ley y 372 órdenes ministeriales.
A pesar de estos mínimos históricos, las empresas tuvieron que lidiar durante el año pasado con más un millón de páginas de novedades regulatorias sólo en los boletines oficiales del Estado y las comunidades autónomas, principalmente porque la mayor contención normativa - forzada por las circunstancias - a nivel estatal se ha compensado con un mayor impulso por parte de las comunidades autónomas.
La poca previsibilidad de las leyes en España
CEOE se decidió a empezar a publicar este balance de la actuación normativa de las Administraciones Públicas para sustentar con datos sus quejas en relación a la sobrecarga regulatoria y la escasa estabilidad normativa en España, que en opinión de la principal organización empresarial del país es uno de los principales déficits domésticos a la hora de garantizar la competitividad de sus empresas.
Otro vector de inquietud empresarial es la imprevisibilidad de la actuación gubernamental. El asunto empezó a intentar corregirse desde el Gobierno del Estado el año pasado con la aprobación del primer Plan Anual Normativo de la AGE, que preveía la aprobación durante el ejercicio legislativo de 9 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos. Es cierto que las circunstancias - con una moción de censura que ha derivado en un cambio de Gobierno a mitad de año - no han contribuido a su cumplimiento, pero éste apenas ha alcanzado el 34%.
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