Amplió el plazo 48 horas 

El Tribunal de Cuentas duda que el aval de ICF a las fianzas del 'procés' sea legal

Pide a la Abogacía del Estado que informe si la Generalitat de Cataluña, considerada como perjudicada,  puede afrontar con dinero público la cantidad reclamada por un presunto desvío de fondos públicos.

tribunal de cuentas
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EP

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas encargada de analizar el presunto desvío de fondos públicos para la promoción exterior del proceso independentista ha puesto en duda la legalidad del aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros impuesta a los 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña y ha solicitado a la Abogacía del Estado que informe sobre si este mecanismo utilizado por la Administración catalana, a la que se considera perjudicada, sirve o no para garantizar posibles responsabilidades contables.

La delegada instructora Esperanza García amplió la semana pasada el plazo para que los 34 implicados terminaran de formalizar las cantidades reclamadas de manera cautelar para garantizar el reintegro a las arcas públicas del dinero que se considere malversado en una eventual condena contable. Así, después de que el pasado jueves el ICF anunciara que avalaría la cuantía reclamada a los 29 responsables contables que se acogieron al fondo creado 'ad hoc' para este cometido, el Tribunal de Cuentas acordó dar 48 horas más "improrrogables" -que concluyó a las 00.00 horas de este martes- para concluir con este trámite. Mientras tanto, otros cuatro ex altos cargos presentaron en tiempo las fianzas o pusieron a disposición bienes inmuebles para afrontar la caución. 

Según han informado fuentes del órgano fiscalizador, la delegada instructora no ha resuelto aún si aceptar o rechazar los avales presentados por la Generalitat de Cataluña, sino que, "ante las dudas que, sobre suficiencia y legalidad" existen sobre la fórmula utilizada por el ICF, ha acordado solicitar al presidente de la Sección de Enjuiciamiento, el consejero José Manuel Suárez Robledano, que pida a la Abogacía del Estado que informe sobre si el organismo que pertenece a "la propia Administración Autonómica perjudicada" puede asumir con dinero público las "posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave". Asimismo, las mismas fuentes han adelantado que una vez concluya plazo, el Tribunal de Cuentas emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables -sin concretar nombres por el momento- que no han afianzado las cantidades reclamadas.

En concreto, la delegada instructora quiere esclarecer si "nuestro sistema de responsabilidad contable residenciado en los jueces contables de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los cuentadantes que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave, únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público".

Un informe "razonado y comprensivo"

Así, pide que, "a la mayor brevedad posible", los servicios jurídicos del Estado emitan un informe "razonado y comprensivo" en el que se explique si "la concurrencia de dolo o culpa grave" atribuida a los exresponsables de la Generalitat de Cataluña se encuentra amparada por el artículo 3 de Decreto-Ley autonómico aprobado el pasado 6 de julio por la Generalitat por el que creó un Fondo Complementario de Riesgo para afrontar la caución del Tribunal de Cuentas. Asimismo, la delegada instructora pide a la Abogacía del Estado revisar si la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo "ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave".

El Tribunal de Cuentas comunicó el pasado 29 de junio el acta de liquidación provisional por la que señaló que la Generalitat utilizó irregularmente más de 5,4 millones de euros para financiar las actividades de las denominadas 'embajadas catalanas' y del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat'. Entre los dirigentes independentistas a los que se les exige la devolución de dicha cantidad se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; el exconsejero de Presidencia Francesc Homs; o los recién indultados Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, y Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores.

Tras conocer la cantidad reclamada, la Generalitat creó un Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros y gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas, para poder actuar de contraaval al aval que una entidad financiera o cooperativa de crédito pusiera ante el órgano fiscalizador. Para llevar a cabo esta idea, el Govern de Pere Aragonès buscó hasta el último momento una entidad que apoyara su iniciativa, si bien tras no lograr su objetivo, finalmente tuvo que recurrir a la opción -inicialmente descartada- de que el ICF afrontara directamente las fianzas con el objetivo que los bienes y propiedades de los líderes independentistas sean embargados.

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