Izquierda Plural pide mantener el alza del IRPF y un IVA del 4 % para energía

Madrid, 26 feb.- El grupo de la Izquierda Plural reclama que se mantenga la subida del IRPF introducida por el Gobierno en 2012 como medida temporal frente al déficit y pide que se aplique el tipo superreducido del IVA (4 %) a la factura de la electricidad, gas natural y agua, además de al transporte público.

Entre sus propuestas de resolución del debate sobre el estafo de la nación, el grupo formado por IU, ICV y CHA propone otras medidas fiscales como subir el tipo de sociedades al 35 % para las bases imponibles superiores a un millón de euros y crear un impuesto sobre bienes suntuarios aplicable a productos y servicios de lujo.

Asimismo, aboga por un impuesto que grave las transacciones financieras, otro sobre la riqueza para evitar que los grandes patrimonios esquiven el pago de impuestos y elevar el gravamen del impuesto sobre depósitos bancarios al 0,2 %, con posibilidad de que las comunidades autónomas puedan recargarlo dentro de un límite.

También reclama el desarrollo de una fiscalidad "verde" y aumentar los recursos humanos de la administración tributaria para luchar contra el fraude fiscal, tarea sobre la que quiere que exista un mayor control parlamentario.

En otra de sus propuestas, pide incrementar el Salario Mínimo Interprofesional progresivamente hasta 1.100 euros mensuales al final de la legislatura y derogar la reforma laboral.

Como contrapartida propone impulsar un modelo de relaciones laborales basado en el trabajo estable y con derechos, con mayor protección de las personas asalariadas, e impulsar un plan de choque para dar empleo estable y de calidad a los jóvenes y parados de larga duración.

Para proteger a los deudores hipotecarios reclama la regulación de la dación en pago con efectos retroactivos y aboga por una ley de segunda oportunidad que facilite a las familias sobreendeudadas la renegociación de las hipotecas.

Además, pide la constitución de un fondo social de viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, destinado al alquiler protegido durante al menos 5 años, integrado por viviendas de entidades financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y por viviendas desocupadas que pertenezcan a las administraciones públicas.

Otra de sus propuestas gira en torno al sector eléctrico, para el que reclama un auditoría independiente del déficit de tarifa que sirva de base para establecer una quita parcial de esa deuda.

Apuesta por modificar la regulación del mercado para adecuarlo a los costes de producción y hacerlo más transparente y equitativo, por eliminar trabas al autoconsumo de energía renovable y por regular un "precio social" para la luz, el gas natural y el butano.

En relación con esto, reclama que se prohíba a las empresas suministradoras la interrupción del servicio por impagos a las familias con menos de una determinada renta.