Los trabajadores del complejo industrial votaron sí a la propuesta de la empresa que se compromete a mantener empleos, permisos retribuidos y contratos para suministradores, transportistas y contratistas.
El fiscal del Cantón de Schwyz contestó el pasado mes de octubre a la juez María Tardón que los hechos expuestos en su petición "no están suficientemente justificados y quedan, en gran medida, poco claros".
El pacto se conoce pocas horas antes de que los empleados de la planta de San Cibrao decidan si aprueban la última propuesta de la compañía de parar las cubas durante dos años e invertir 90 millones de euros.
La plantilla de la fábrica de San Cibrao se reúne en asamblea este lunes para votar la última propuesta de la compañía de paralizar las cubas de electrolisis durante dos años y les da hasta el martes como fecha límite.
“Estamos sentados en la mesa y las negociaciones no son de hoy para mañana. Hay que esperar. Se fue avanzando en algunos temas, pero estamos muy distantes", asegura el comité de empresa.
Los investigados debían devolver la cantidad que había salido de las plantas de Avilés y A Coruña para su adquisición. La Sala de lo Penal indica que la reclamación debe realizarse cuando termine la investigación.
Según la multinacional estadounidense, "Alcoa ha mostrado su flexibilidad de hablar de inversiones y mitigar el impacto en las empresas auxiliares".
Otra de las promesas era no “iniciar ningún despido colectivo por un período de 4 años”, pero los trabajadores han rechazado esa propuesta porque no aporta ninguna solución “a corto plazo”.
La productora de aluminio ofrece llegar a un acuerdo que contempla ceses temporales de la actividad de la planta de Lugo a cambio de "permisos retribuidos" a afectados y del mantenimiento de los empleados.
La Sala de lo Penal confirma la decisión de la juez instructora María Tardón de suspender cautelarmente estas retribuciones mientras se investiga si los nuevos propietarios vaciaron las cuentas de las plantas.
Néstor Rego ha asegurado que el partido dio una “oportunidad” al diálogo, de hecho, apuntó que estuvo negociando con el Gobierno hasta esta mañana, pero el resultado es “decepcionante”.
En la caravana han quemado simbólicamente una moto con la palabra SEPI escrita, pilotada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y con la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, como copiloto.
La ministra lamenta además la actitud de confrontación del gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), a quien exige "lealtad" para afrontar la crisis industrial que afronta la región.
La plantilla se mantiene a la espera de comenzar a cobrar el desempleo una vez que el administrador judicial ha tramitado un ERTE que afectará a 247 trabajadores durante seis meses.
Los populares piden que la sociedad pública interceda en la transacción de la planta de Lugo, para que la compañía que se haga con ella continúe con la producción de aluminio y mantenga a los trabajadores.
Es la reacción de su portavoz, José Antonio Zan, a la reunión celebrada este lunes entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre el futuro de la planta.
El TS ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el que se resaltaba "mala fe negocial" de la compañía en la operación de despido colectivo, a pesar del esfuerzo del grupo por defender lo contrario.
Los trabajadores de la empresa siguen fabricando pero no permiten la salida del material del centro industrial de San Cibrao. El comité asegura que seguirán adelante ante la pasividad del Gobierno.
Desde el Comité de Empresa aseguran que "no hay más tiempo para historias", con el rescate por parte de la SEPI como la "única solución", aunque esta operación se llevase a cabo por el valor simbólico de un euro.
La multinacional estadounidense destaca que, aunque acepta la sentencia del Tribunal en la que apoyan la nulidad del ERE, este fallo "no altera la situación de la situación de inviabilidad de la planta de aluminio".
Los trabajadores estaban con los ojos puestos en el TS, que se reunió el pasado día 20 para abordar el recurso de casación presentado por parte del grupo propietario de este complejo.
El sindicato critica la pasividad del gobierno ante la resolución judicial del Supremo que está pendiente desde el pasado 20 de octubre, por un ERE que la entidad planteó para el centro de A Mariña (Lugo).
El comité de empresa de San Cibrao ha convocado a toda la plantilla para este miércoles en la entrada a la fábrica, justo el día en el que el Tribunal Supremo se reúne para evaluar el recurso de la multinacional.
La compañía atribuye la mejora de sus resultados en el tercer trimestre de 2021 a los precios más altos del aluminio y la alúmina.
Por otro lado, la jueza también trata de dilucidar si los investigados, los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio, vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins.
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