La "propuesta definitiva" contempla suspender la huelga de los trabajadores, estimada en pérdidas de 10 millones de euros, será sometida a referéndum por los empleados y estará en vigor hasta el 31 de abril.
La ministra confía en que, después del intento fallido de septiembre, se venda la planta: "Se pueda encontrar una solución a este conflicto que dura ya demasiados meses".
Afrontando con "muy buena perspectiva" la reunión a la que han sido convocados este jueves 7 de enero, el representante ha apostado por un "optimismo moderado".
Industria y la Xunta han solicitado a la compañía que vuelva a sentarse a dialogar después de conocerse que recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia que declara nulo el ERE.
La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) presentó el escrito que acusa a la multinacional estadounidense de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida y otros delitos.
Debido a la huelga laboral tanto en la fundición de aluminio como en la refinería de alúmina, la firma asegura que registrará un impacto negativo de unos 10 millones de dólares.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decretado nulo el ERE que la multinacional quería aplicar en la única planta de aluminio primario que queda en España
"El Gobierno ha hecho muchas promesas, ninguna cumplida", ha recriminado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
En la reunión de la mesa multilateral han participado la propia dirección de Alcoa, los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, la Xunta de Galicia, los sindicatos y el comité de empresa de la planta.
Los sindicatos valoran la decisión judicial como "el último revés" que sufre la compañía, que tenía planes de detener las cubas de electrolisis y ejecutar los despides de más de 500 empleados.
La Xunta ha valorado esta resolución y confía en que sea "un punto de inflexión" para que la multinacional americana vuelva al diálogo y acceda a su venta.
José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa, ha cargado este martes contra las instituciones españolas por dejar "en manos de los trabajadores" el futuro de la empresa de aluminio.
El abogado del Estado ha descartado que pudiera intervenirse la empresa estadounidense y ha invitado a la compañçia y a los sindicatos demandantes a buscar una "solución pactada y negociada".
El abogado de la empresa estadounidense ha alegado que las pérdidas en los últimos tres años alcanzan los 170 millones de euros, de los cuales 58 millones corresponden al último ejercicio.
Los trabajadores "están hartos de declaraciones" porque "el tiempo se ha acabado" y la administración “tiene que pasar a los hechos”, dice el comité de empresa.
Las grandes empresas consumidoras de electricidad recibirán este año 65 millones por subastas de interrumpibilidad y CO2; en 2017 recibieron 600 millones.
El comité de empresa decide recurrir a los tribunales y reclama no comenzar con la paralización de las cubas y, en consecuencia, no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista una sentencia firme.
Tanto el Ministerio como la Xunta de Galicia han advertido en diversas ocasiones a Alcoa de que exigirían la devolución de las ayudas públicas recibidas si persistía en el cierre de su planta de San Cibrao.
El acuerdo alcanzado llama al Gobierno central "a adoptar cuantas medidas sean necesarias a la mayor brevedad posible.
El vicepresidente primero gallego les ha instado a pedir a la justicia "medidas cautelares para que no paren las cubas", decisión que anunció este viernes la empresa.
El anuncio se produce a cuatro días de que terminase el plazo de 15 días que se había dado tras fracasar las negociaciones para la venta de la factoría.
La decisión de la asamblea de trabajadores del complejo industrial llega tras varios días de bloqueo de los accesos a la planta por parte de la plantilla, en protesta por la postura de la dirección de Alcoa.
Malestar por la decisión de Alcoa de romper las negociaciones para la venta a la británica Liberty House, apenas una hora antes de que finalizara el plazo para llegar a un acuerdo.
Los trabajadores, ataviados con su uniforme y junto a vecinos y representantes políticos, se han manifestado para demandar una solución que evite el cierre de la factoría.
El comité de empresa celebró ayer un pleno en el que ratificó su postura de "no aprobar otra cosa que no sea la venta" a GFG porque "no hay otra solución viable" que garantice puestos de trabajo.
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