Vivienda.

Siempre que no se trate de una declaración de ruina total, podría serle de aplicación el derecho de retorno de la Disposición Adicional octava de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito.

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Se trata de una cuestión susceptible de pacto, salvo que el propietario/arrendador sea una persona jurídica, en cuyo caso la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos impide su repercusión al arrendatario.

Alquiler o hipoteca: ¿qué es mejor?

El artículo 36.1 establece como obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad en los arrendamientos de vivienda.

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Con la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado se esgrimen nuevas ayudas enfocadas a los más jóvenes de las que se pueden beneficiar desde el pasado 1 de enero de este año.

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Un contrato de arrendamiento de vivienda entraría en este supuesto, una vez se hubieran cumplido los cinco años de vigencia (o siete, si el arrendador fuera persona jurídica).

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Se presume que el arrendatario es el responsable del deterioro o la pérdida de la cosa arrendada, salvo que acredite que se haya producido sin mediar culpa suya.

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Lo que sí establece la Ley de Arrendamientos Urbanos con carácter imperativo es que, si el plazo de duración fuera inferior a un año –por ejemplo, seis meses-, se entenderá pactado por un año.

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Se trata, por tanto, de declarar la diferencia entre los ingresos percibidos de su arrendatario en concepto de renta (la fianza no, pues su objeto es ser una garantía para el arrendador) y los gastos deducibles.

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La esencia del delito de estafa es que alguien produzca un engaño bastante grande como para inducir a otra persona a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o de tercero.

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La norma establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento corren a cargo del arrendador, si es persona jurídica, sin que sea válido un pacto en contrario.

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El arrendatario podrá solicitar que el contrato se prorrogue de manera extraordinaria hasta un periodo máximo de 6 meses con las mismas condiciones establecidas para el contrato en vigor. 

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