Aunque el récord lo ostenta uno madrileño que tardó 1.697 días en admitir un pleito, en otras ciudades las ratios se elevan hasta 729 días en A Coruña, 722 en Madrid, 686 en Málaga o 420 en Vigo y Alicante.
"Una situación especialmente llamativa porque en el resto de sectores observamos más igualdad, mientras que en banca, los que ocupan las cúpulas son, sobre todo, hombres".
La asociación pide abordar este problema con el desarrollo de un nuevo marco normativo, así como la puesta en marcha de un servicio telefónico personal para resolver cualquier duda cuando las oficinas estén cerradas.
Defiende que se debe facilitar la atención personalizada con cita previa, desarrollar aplicaciones básicas que permitan el acceso a la banca digital a todo tipo de usuarios y examinar ratios de presencia bancaria.
A instancias del titular del juzgado de primera instancia nº 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, el TJUE confirmó la validez de este índice sin necesidad de que hubiera un folleto informativo.
Solo un 2,7% de la población mayor de 65 años ha usado los servicios de las fintech, frente a casi el 30% que se registra en los tramos de edad de la población más joven.
La Asociación de Usuarios Financieros señala que el hecho de firmar un nuevo contrato con la entidad supone un impedimento emprender acciones legales contra la hipoteca multidivisa, un producto abusivo.
Un 52,9% de los encuestados ha tenido que pedir ayuda financiera, principalmente a familias y amigos (25,1%) o ha recurrido a tarjetas de crédito (13,2%) y préstamos (8,4%).
"Un consumidor inexperto puede comprar un activo indexado al bitcoin pensando que está obteniendo la moneda propiamente dicha", asegura la asociación.
Aseguran que la falta de medios está haciendo que las causas relacionadas con la contratación hipotecaria, como los gastos, el IRPH o las multidivisas, se acumulen en los tribunales especializados "hasta 3 y 4 años".
En su sentencia, conocida este jueves, el tribunal europeo aclara que una cláusula que no es clara no es necesariamente abusiva.
La asociación ha denunciado a través de un comunicado que el Tribunal Constitucional no permita la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagada en los últimos cuatro años.
Con una legislación cambiante, la dación en pago, incluso sin beneficios, estuvo penalizada hasta 2014. En 2018 la DGT la consideró exenta del IVTNU, también si la cesión de la vivienda habitual era a un tercero.
La asociación indica que el objetivo del Tribunal Constitucional es "evitar una avalancha de reclamaciones justas de personas que han pagado una plusvalía siguiendo una metodología de cálculo errónea".
La Asociación de Usuarios Financieros resalta que el modelo actual basado en las comisiones orienta el asesoramiento y la distribución a favor de los productos de inversión más caros.
A pesar de que el Supremo haya declarado nulos estos contratos por sus altos intereses y los califique de usura, muchos bancos continúan ofreciéndolos.
Recuerda que los repuntes anuales de compras y financiación coinciden con la campaña de Navidad y con las vacaciones de verano.
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Quiere saber si su jurisprudencia es contraria al Derecho de la UE. Desde Asufin aseguran que el alto tribunal "no sabe aceptar su error" y que le corrijan desde Europa.
Señala que hay afectados por hipotecas multidivisas que "siguen esperando una solución" para sus préstamos en yenes o francos suizos y recuerda su denuncia ante la CNMV y el Banco de España.
En la carta, la asociación expresa que esta situación tiene como origen la "mala praxis de las entidades que retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores".
Estas cargas se aplican por descubierto, mantenimiento de cuenta o tarjetas. El coste medio sería de 110 euros por mantener la cuenta y de 30,16 euros por la tarjeta de débito.
Según el II Barómetro de los minicréditos el precio "real" o TAE de este mismo crédito, que incluye intereses, comisiones y otros gastos, se elevaría al 3.478%.
La Asociación Usuarios Financieros ha incidido, ante el cierre de oficinas bancarias, en que las poblaciones con escasa densidad de establecimientos podrían sufrir limitaciones para realizar gestiones financieras.
Esto obligaría al banco a restituir de oficio las cantidades pagadas de más, sin que los afectados tuviesen que litigar ni personarse en sus oficinas.
Los 'hackeos' están a la orden del día, ya sea en las compañías de criptomonedas o en la Administración Pública, como los ataques informáticos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a 2gether.
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