San José, 26 ago.- Costa Rica y Argentina rendirán cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a partir de este lunes por casos relacionados a la prohibición de la fecundación in vitro (FIV) y una condena de cadena perpetua a menores de edad.
Los jueces del alto tribunal, con sede en San José, iniciarán mañana un periodo ordinario de sesiones en el que además, a puerta cerrada, analizarán la posibilidad de dictar sentencia en otros casos sobre Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia y Argentina.
Este periodo de sesiones inicia formalmente este lunes y concluirá el 7 de septiembre, pero las sentencias definidas por la Corte se notificarán luego a las partes interesadas.
Argentina se sentará en el banquillo de los acusados el próximo jueves para responder sobre el llamado "Caso Mendoza", que se relaciona con la imposición de condenas de prisión y reclusión perpetua a cinco jóvenes cuando aún eran menores de edad.
Estas penas fueron impuestas en aplicación de un sistema de justicia de adolescentes en Argentina que permite que estos sean tratados al igual que los adultos infractores.
Las supuestas víctimas son César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, condenados entre 1999 y 2002 por robos, asaltos y homicidios.
El turno de Costa Rica ante los jueces será el 5 y 6 de septiembre, cuando rinda cuentas por la prohibición de la técnica de fecundación in vitro en el país desde el año 2000.
El caso, nombrado por la Corte como "Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica", responde a una demanda de varias parejas con problemas de infertilidad, que no han podido tener acceso a dicha técnica médica en su país, el único de América donde está prohibida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como representante de las supuesta víctimas, ha argumentado que "esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia", de acuerdo con un comunicado oficial de la Corte.
El Gobierno costarricense ha reiterado que defenderá la decisión tomada por la Sala Constitucional del país en el año 2000, cuando consideró que la FIV viola el derecho a la vida, al ser una técnica con la cual es posible desechar embriones fecundados.
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