El magistrado adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiera llevar a juicio a estos procesados.
El exjefe de la unidad de vigilancia de la Policía Nacional solicita a la Audiencia Nacional que un médico realice un nuevo reconocimiento, seis meses después de sufrir un ictus, para acreditar su "inimputabilidad".
Rechaza los recursos de la compañía y de Trabajo y ratifica el fallo de la Audiencia que estimaba que los despidos fueron fraudulentos. Los trabajadores deberán cobrar los salarios pendientes desde 2015.
El juez instructor del caso ha propuesto juzgar por los presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios a Serafín Castellano y la Fiscalía Anticorrupción pide hasta 21 años de cárcel para el acusado.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma esta decisión al no ver ningún indicio acerca de que APMT eludiera cualquier signo de corrupción en el país centroamericano antes de comprar la sociedad.
El máximo órgano judicial defiende su inadmisión al recurso por la "carencia de interés casacional" para formar jurisprudencia" y recuerda que la naturaleza de la actividad del grupo "ya ha sido analizada".
Pide al juez de la Audiencia Nacional que informe de cuánto dinero público se está gastando para mantener la causa abierta contra él como presunto líder de una trama que estafó 80 millones a bancos e inversores.
El juez instructor impuso esta cantidad para garantizar las posibles indemnizaciones y multas que la compañía y cuatro directivos acusados deberán afrontar si les condenan por subir los precios de la luz.
La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
El Supremo ha resuelto qué juzgados son competentes en un asunto que involucra a la mayoría de las marcas de automóviles y a diez millones de afectados. Se pueden recuperar entre 2.000 y 9.000 euros.
El Alto Tribunal ya aceptó estudiar las decisiones de los gobiernos autonómicos después de que el Ejecutivo delegara en ellos las medidas. También resuelve los recursos contra el Consejo de Ministros.
Ratifica íntegramente la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en septiembre de 2020, en la que rechazó condenar a 34 acusados porque la operación contó con la aprobación de todos los supervisores.
La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de desimputar al fondo LetterOne y la teleco Vimpelcom porque no tienen la obligación de cumplir los requisitos exigidos en la ley española a las personas jurídicas.
Los magistrados de la Sección Tercera confirman el archivo dictado por el juez Manuel García Castellón para el exdirectivo pero revocan parcialmente una de las decisiones contenidas en ese mismo auto.
La Sala de lo Penal estima el recurso de varias televisiones y deja sin efecto la prórroga por seis meses acordada en julio e insta el magistrado instructor a cerrar las pesquisas que se iniciaron en 2017.
El representante legal del banco, Adolfo Fraguas, se ha acogido a su derecho a no declarar porque aún sigue pendiente de resolver el recurso presentado contra la decisión de investigar estos encargos.
El extesorero del PP y su familia piden que los acusados les indemnice con 400.000 euros a cada uno de ellos. Entre los testigos, pide que declare la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Inicialmente, quedó fijada para el 2 de noviembre, pero se cambió al día 29 por problemas de agenda de la defensa. Y ahora se ha vuelto a retrasar, esta vez a instancia de la defensa del comisario de Policía jubilado.
Dos fondos, Polygon y Fordward Capital, y una plataforma de inversores minoritarios exigen que el regulador vuelva a revisar al alza el precio de 22,5 euros por acción pagado por KKR, Providence y Cinven.
La Sala de Gobierno defiende la necesidad de prorrogar las funciones que desempeñan los dos jueces que apoyan al magistrado titular de esta macrocausa para afrontar la elevada carga de trabajo que soporta.
Los peritajes y estudios econométricos apuntan que el sobrecoste de los vehículos generado por pactos anticompetencia de los fabricantes fue de entre 2.000 y 9.000 euros, que ahora se pueden reclamar.
Los fiscales solicitan la testificación de más trabajadores del banco para aclarar cómo se trató la alerta del Sepblac y critica a la entidad por tratar de "evitar" que se investigue si los encargos continuaron en 2018.
La compañía precisa que la sanción causaría un desequilibrio en la actividad de la sociedad, privándola de un 38,5% de sus ingresos en 2021. Además, supondría la pérdida de la posición de OHLA en el sector.
La Sala de lo Contencioso deniega la incorporación de LaLiga como interesado en el expediente del organismo en el que se estudia rebajar las exigencias regulatorias de Telefónica con Movistar+.
El expresidente de la entidad extinta ha negado ante el juez irregularidades en la operación y ha recordado que se realizó en un momento en el que el sistema financiero español estaba sometido a test de estrés.
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