El juez de Madrid ordena la retirada el pasaporte a los dos comisionistas imputados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas en la primera ola de la pandemia.
El alcalde de Madrid comparecerá a petición de Más Madrid, cuya portavoz le preguntará “por qué ocultó a los grupos municipales y a los madrileños que Anticorrupción estaba investigando varios contratos".
El juez subraya que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo".
Suman más de 7.300 millones. De algunos se desconoce el adjudicatario y el dinero entregado, pero de otros no hay rastro porque no se publicaron. Muchos fueron a empresas insolventes y sin acreditación.
Anticorrupción explicó sus dudas sobre la autenticidad de los documentos que los comisionistas aportaron al Ayuntamiento de Madrid en la comisión rogatoria emitida a Malasia, que ha concluido sin éxito.
El empresario se ha comprometido a aportar dinero a las cuentas embargadas hasta llegar a la cantidad que se le exige, mientras la Fiscalía pide que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones.
Anticorrupción considera que el consistorio se ha visto involucrado en un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" y rechaza retirarle la condición de perjudicado dentro de la investigación.
El Ayuntamiento de Madrid reclama esta cantidad como fianza después de que el juez Adolfo Carretero solo pudiera embargar un piso al investigado y bloquear 130.000 euros de sus cuentas bancarias.
El comisionista envió a la coordinadora de presupuestos de Almeida dos fotos de San Chin Choon, dueño de la empresa proveedora de mascarillas que se negó a colaborar con la justicia, recibiendo una medalla.
El comisionista mandó a la funcionaria municipal encargada de la compra de mascarillas otro archivo en el que aparecían ocho trabajadores asiáticos sosteniendo un cártel en que se daba ánimos a España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado al padre del actual secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, con la compra de material sanitario con comisiones millonarias de Medina y Luceño.
Así ha respondido la dirigente regional a las palabras de la portavoz de Mónica García, en el Pleno de la Asamblea, quien le ha afeado que haya estado "ocupada avalando gobiernos de la ultraderecha".
Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas bancarias no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía Anticorrupción y que supera los 5 millones de euros.
El juez acepta la fianza solicitada por Anticorrupción tras vaciar sus cuentas y dejar 247 euros, lo que impidió bloquearla. También abre la vía para embargar los derechos sobre la herencia de su abuela.
Las autoridades del país asiático comunican que han localizado a San Chin Choon, máximo responsable de la mercantil Leno, pero que éste no se presta voluntariamente a aclarar las dudas de Anticorrupción.
La portavoz del Gobierno municipal ha dicho que desde el Consistorio están "centrados" en "defender el interés de los madrileños, en defender cada euro público si se comprueba que ha habido una estafa".
El empresario alega que el Ayuntamiento "ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad".
El alcalde de Madrid ha destacado que la investigación de la Fiscalía deja claro que el Ayuntamiento no ha cometido irregularidades, después de haber solicitado una fianza de un millón de euros para Luis Medina.
La petición se realiza después de que el juez comprobara que el empresario cuenta con menos de 250 euros en su cuenta y que no conserva los bonos de inversión que adquirió con el dinero de las comisiones.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
El jurista entiende que el alcalde de Madrid, en su condición de autoridad, debería haber llevado los hechos a los tribunales, por lo que podría incurrir un presunto un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Madrid ha absorbido a mayor ritmo el stock que existía en 2018, y el porcentaje de crecimiento de la oferta en Barcelona casi triplica a la madrileña.
"Hay que hacerse a la idea que lo de Castilla y León se va a producir en Andalucía y luego en España", ha afirmado el presidente cántabro, quien remarca que el PP necesita a los de Abascal para formar gobierno.
- Rollán asegura que el 'nuevo' PP aspira a lograr diez millones de votos en 2023
- Bendodo defiende una reducción fiscal para hacer frente al alza de los precios
- El PSOE admite roces con UP y recuerda que la política fiscal la marca Hacienda
- Feijóo se reunirá con los sindicatos y la patronal y no arropará a Mañueco
La Fiscalía quiere comprobar la autenticidad de los documentos recogidos en la causa, entre los que se encuentran los contratos firmados y el pago de comisiones. La investigación se remonta a mayo de 2021.
“Suena un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones, en circunstancias muy complicadas y muy difíciles”, señala.
Página 1 de 10