El Ministerio de Transición Ecología llevó la orden ministerial sobre la nueva factura a una Comisión Delegada para Asuntos Económicos y no al Consejo de Ministros. Los morados piden cambiar la normativa.
El BOE acaba de recoger la orden ministerial que el Ministerio de Hacienda ha aprobado y permite a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en 2020 hacerlo.
Así consta en la resolución de la Dirección General de Salud Pública difundida este miércoles en el BOE. La recomendación de la UE es que los niños menores de 12 años deben estar exentos de esta prueba.
De esta forma y tras nueve horas de negociación en el Ministerio con los médicos residentes, Sanidad ha rectificado su última oferta que pasaba por asignar las plazas MIR en turnos de 2.000 personas.
Este año la convocatoria cuenta con hasta 2.328 plazas disponibles, de las cuales 110 serán para la Escala Ejecutiva. El Gobierno reforzará las plantillas cumpliendo con las exigencias de sindicatos y presupuestos
Al igual que en la Policía, cada año se convocan nuevas oportunidades para acceder a los diferentes rangos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en esta ocasión hay más de 2.091 plazas de ingreso directo.
Propone permitir a los locales y discotecas abrir hasta las 2.00 horas, con posibilidad de ampliarlo hasta las 3.00 horas. Las terrazas al aire libre se ocuparán en su totalidad, respetando los 1,5 metros de distancia.
Por su parte, fuentes del Ministerio ha insistido que todo el departamento busca "puntos de encuentro" y que la ministra habla a diario con los titulares de las consejerías autonómicas.
La Audiencia accede a esa petición ante "el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo a los intereses de los afectados últimos" por restricciones distintas a las ya existentes.
En su recurso, la Comunidad de Madrid solicita medidas cautelarísimas y cautelares contra unas restricciones que, en opinión del Gobierno regional en funciones.
Madrid recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional, ha anunciado el consejero de Justicia en funciones, Enrique López, que ha insistido en que el Ejecutivo está invadiendo las competencias autonómicas.
El País Vasco, no obstante, mantendrá las medidas adoptadas en la última reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi.
Excepto los viajeros procedentes de Brasil, India y Sudáfrica debido a la alta incidencia de las variantes del coronavirus.
El acuerdo fue aprobado en la sesión del pasado miércoles del Consejo Interterritorial con los votos en contra de los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia.
Así consta en la orden firmada por Carolina Darias este viernes con la que aprueba la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid-19.
La Comunidad Valenciana y Castilla y León ya han abierto convocatoria y la Comunidad de Madrid ha sido la primera en empezar con el reparto.
El pasado viernes, el BOE publicó el Decreto Ley por el que extendía durante cuatro meses más, las ayudas para los trabajadores por cuenta propia que han visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
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Cree que sería "demasiado prematuro" llevar esta reforma al Consejo y subraya que ésta no se va a tramitar como Real Decreto-ley, sino como ley, por lo que antes tiene que pasar trámites como la audiencia pública.
Los indicadores se mantienen a la baja y la tasa de positividad muestra un promedio semanal del 2%, con 110 nuevos contagios (33 menos que el día anterior) y un alivio de la presión hospitalaria.
Esta norma se refiere al Código de fronteras Schengen, por el que el Ejecutivo amplía una orden del 17 de julio, y recoge la denegación de entrada a toda persona nacional de un tercer país, salvo excepciones.
Se considera trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional en función de la duración del contrato de empleo.
La idea nace de la mano de un grupo de trabajadores "descontentos" y contrarios al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía, por lo que solicitan su nulidad.
El Tribunal madrileño estima "improcedente" la suspensión cautelar al "no constar interpuesto recurso contencioso administrativo alguno contra la resolución administrativa identificada".
Reimplanta la obligación de que Airbnb y otras plataformas de intermediación de alquileres turísticos le informen sobre las viviendas puestas en uso, la identidad de sus titulares y los ingresos obtenidos.
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