En lo que respecta al bono social, un total de 21 consumidores lo perdieron, recuperándolo meses después. Para estos casos, los comercializadores no aportaron la renuncia al bono social firmada por el consumidor.
Moncloa amplió la cobertura del bono social eléctrico para vulnerables y vulnerables severos hasta el 31 de diciembre de 2023 y la vicepresidenta apuesta por mantener medidas que han resultado efectivas en la crisis.
Resuelve que todo aquel que justifique la condición de Administración Pública (y desarrolle la actividad de producción de manera directa) podrá regularizar las aportaciones efectuadas mediante un derecho de cobro.
La Generalitat puso en marcha esta empresa el pasado 6 de marzo y ya dejó claro que no pretendía suministrar electricidad a particulares, pero sí a la propia administración autonómica y a su sector público.
En el último año su número triplica al de los jubilados acogidos a esta ayuda para pagar el recibo eléctrico.
El Alto Tribunal insta al Ministerio de Transición Ecológica a incluir también los intereses legales correspondientes, tras declarar el año pasado que el bono carecía de "justificación objetiva y razonable". y era "discriminatorio".
Según explica el estudio, el dato de mayor proporción de familias numerosas de clases media y media-alta que disponen de bonos energéticos sugiere que las familias con mayor disponibilidad de información.
La vicepresidenta tercera ha afirmado que la intención manifestada por el Ejecutivo central consiste en "activar y sacar la propuesta a información pública cuanto antes y resolver este problema inmediatamente".
Según la última estadística del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 757.410 títulos de familias numerosas en vigor. De ellas, más de 396.000 serían potenciales beneficiarias del bono social este año.
La vicepresidenta ha señalado que esto supone introducir un límite máximo, y ha añadido que ese cambio lo van a hacer "lo antes posible" y los servicios técnicos del Ministerio están trabajando en ello.
Actualmente puede acogerse a esta ayuda en la factura eléctrica todo el que acredite ser un consumidor vulnerable, justificando un determinado nivel de renta, los perceptores del IMV y las familias numerosas.
El precio medio de la luz en el acumulado mensual hasta el 14 de marzo se sitúa en 100,43 euros/MWh, es decir, 33 euros menos que los 133,36 euros/MWh del mismo periodo de febrero.
Advierte de que los requisitos que ponen los bancos a extranjeros para abrir una cuenta básica hacen que "al menos parte de la población inmigrante" de España esté en riesgo de caer en la exclusión financiera.
Esta bonificación ni es universal ni está pensada para todo el colectivo, sino para aquellos que tengan reconocida una pensión de jubilación o invalidez no contributiva.
Esto se debe a que el precio medio de la electricidad en ausencia del mecanismo ibérico hubiese sido un 31,8% más elevado; el abaratamiento del precio de la energía también ha tenido impacto en la inflación.
La reducción del IVA en el recibo de la luz del 10% al 5% con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios continúa hasta mediados de 2023 y la rebaja del gas del 21% al 5% se prorroga hasta junio del mismo año.
Según la CNMV, a finales de julio 656.086 hogares españoles contaban con el descuento que se aplica en la factura de la luz a los consumidores considerados vulnerables severos, frente a los 602.202 de 2021.
Con esta medida se han desembolsado ya 98.400 millones de la dotación total de 100.000 millones del programa que permite proporcionar ayudas a las empresas y a los ciudadanos afectados por la pandemia.
La organización ha lanzado una página web que averigua si los usuarios si tienen derecho a los descuentos en la luz y el gas, que implican rebajas de hasta el 40, el 65 y el 80% en cada una de las facturas.
Amplía las ayudas del bono social eléctrico y crea una categoría de beneficiarios para las familias con ingresos menores a 28.000 euros, se calcula que estas medidas apoyen a un 40% de los hogares.
El partido socialista registra una proposición no de ley en el Congreso para estudiar si los descuentos existentes son suficientes para mantener la "adecuada" protección de los hogares más vulnerables.
El bono social implica descuentos del 40%, el 65% o el 80% sobre todos los elementos de la tarifa semirregulada PVPC, hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Disparada tras la invasión rusa de Ucrania, se anunciará una movilización adicional de 3.000 millones de euros que permitirán proteger al 40 % de los hogares españoles.
Crea una nueva tarifa regulada para aliviar el coste del llenado de las calderas de gas natural para comunidades de vecinos, además de aumentar el bono social eléctrico hasta el 40% de descuento.
Se trata de una ayuda del Gobierno para todos aquellos consumidores que tienen dificultades para abonar el importe de las facturas eléctricas.
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