Comisión del PE diluye la propuesta de endurecer reglas para las auditoras

Bruselas, 25 abr.- La Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo (PE) diluyó hoy la propuesta para endurecer las reglas que regulan la actividad de las auditoras en la Unión Europea (UE) a la vez que se liberaliza el sector, al ampliar la obligación a las empresas a cambiar de auditora cada 6 años a 14 o 25 años.

"Para asegurar que las relaciones entre la auditora y la compañía auditada no se vuelven muy amigables, los eurodiputados aprobaron una regla de rotación obligatoria por la que un auditor podrá inspeccionar los libros de una empresa durante un máximo de 14 años, que pueden ser incrementados a 25 años si se establecen salvaguardas", afirmó el PE en un comunicado.

En la iniciativa original, la Comisión Europea (CE) establecía un máximo de seis años, tras el que debía transcurrir un período transitorio de cuatro años antes de que una auditor pudiera ser contratada de nuevo por el mismo cliente.

Además, el plazo máximo podría extenderse a nueve años en el caso de las empresas que contasen con más de una auditora (las llamadas "auditorías conjuntas").

"La Comisión había propuesto (un límite de) seis años, pero una mayoría de los eurodiputados de la Comisión consideraron que esto sería costoso y una intervención inoportuna en el mercado de la auditoría", señaló la Eurocámara en un comunicado.

Los eurodiputados aprobaron con 15 votos a favor y 10 en contra este texto, que servirá de base para iniciar las negociaciones con el Consejo de la UE -que agrupa a los Estados miembros- y la CE, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta.

El texto contó con el rechazo del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), el de Los Verdes y el de la Izquierda Unitaria.

La Comisión de Asuntos Legales del PE también rebajó el planteamiento de la CE de separar las actividades de auditoría de las que no lo sean para evitar cualquier riesgo de conflicto de intereses, de modo que una auditora no podría ofrecer otros servicios a las empresa que auditase.

"La mayoría de los miembros de la Comisión (de Asuntos Legales) consideraron que la prohibición general propuesta (por la CE) sobre la oferta de servicios diferentes a la auditoría podría ser contraproducente para la calidad de la autoría", indicó la Eurocámara.

Por ejemplo, las auditorías podrán seguir proveyendo certificaciones de cumplimiento de los requerimientos fiscales, pero no podrán proveer servicios de asistencia fiscal que afecten directamente a los extractos financieros de la compañía y que podrían ser cuestionados por las autoridades fiscales nacionales, según el PE.

Los eurodiputados respaldaron, en cambio, que las auditoras se vean obligadas a cumplir con las normas vigentes a nivel internacional sobre conflictos de intereses y que se prohíban solo una lista de servicios distintos a la auditoría "que pueden amenazar la independencia" de los análisis.

Para aumentar la transparencia, las auditorías de las entidades de interés públicos -como los bancos, las compañías de seguros y las empresas que cotizan en bolsa- deberán proporcionar a los inversores y accionistas un "conocimiento detallado" de lo que la auditoría ha hecho y una seguridad general sobre la exactitud de las cuentas de la empresa.

Además, éstas entidades tendrán la obligación de abrir un procedimiento de licitación para seleccionar un nuevo auditor.

Dentro de las medidas a favor de la liberalización del mercado, los eurodiputados apoyaron que se prohíban las cláusulas contractuales de las llamadas "cuatro grandes" -Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG- que exigen que las auditorías sean hechas por una de esas firmas.

El texto también exige a los auditores que publiquen informes que cumplan con los estándares internacionales para el sector.