El organismo recaba información sobre este mercado años después de que abandonara el controvertido 'informe Uber' en el que se reclamaba la liberalización del taxi y el derribo de restricciones a las licencias de Uber o Cabify.
El pronunciamiento de la Justicia europea marca unas ciertas 'líneas rojas' pero deja la puerta abierta a años de pleitos por la justificación de la segunda licencia autonómica, que sigue viva.
El Tribunal cree que la ratio 1-30 es contraria al Derecho de la Unión pero no se opone a que las comunidades reclamen la obtención de una licencia adicional para operar. Cree que ese permiso nuevo "puede ser necesario".
Sienta jurisprudencia sobre la capacidad del sector de presentarse como interesado e impugnar por cualquier motivo la 'luz verde' a esas licencias. Lo hace justo antes de que Europa se pronuncie sobre la ratio 1-30.
Con todo, la cifra de inversión se ha sostenido gracias a la existencia de cuatro rondas de más de 80 millones de euros que han supuesto más de la mitad de inversión, destacando los 100 millones recaudados por Cabify.
Las inversiones aprobadas por el fondo hasta la fecha, se completan con estas seis operaciones que, con la participación del sector privado, canalizarán más de 736 millones de euros en España.
La inyección de dinero, entre deuda y capital, incluye los 40 millones de préstamo del BEI y el capital aportado por Mutua el año pasado a una valoración de más de 1.000 millones. El nuevo 'precio' del capital no se hace público.
El Alto Tribunal admite a trámite un nuevo recurso sobre una ordenanza municipal mientras está a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la ratio 1-30.
La empresa española de red de transporte ha firmado un acuerdo comercial, por el que en la aplicación del primer grupo, los usuarios podrán alquilar motos de la barcelonesa.
Los usuarios que soliciten su viaje en aquellas franjas horarias en las que se identifica menor movilidad en Madrid pagarán un precio inferior al habitual desde este miércoles.
El Alto Tribunal admite a trámite un recurso planteado por el Gobierno de Ayuso en Madrid después de perder el primer asalto contra Cabify en el TSJM.
El proceso había sido suspendido temporalmente, después de que Radio Taxi, que también había pujado por este contrato valorado en 1,8 millones, alegase que la oferta de la VTC era "anormalmente baja".
La compañía se compromete a invertir otros 86 millones de euros para crear una red interurbana de recarga de vehículos eléctricos en autopistas y redes de carreteras españolas.
La deuda del banco europeo añade flexibilidad pero no implicará la entrada en el accionariado. Busca renovar 1.400 coches de Vector y de otras filiales.
Cree que la ratio 1/30 viola la libertad de establecimiento. Ahora debe ser el Tribunal quien emita su dictamen. Si sigue esta opinión inicial se abre la puerta a miles de autorizaciones en España.
Acepta un recurso de Cabify en el que pide que se anulen definitivamente el rechazo por silencio administrativo de indemnizaciones o ampliaciones del 'periodo de gracia' del llamado 'decreto Ábalos'.
Durante el confinamiento, Cabify aprovechó sus vehículos de VTC para enviar paquetes en los maleteros, una actividad obligó a Díaz Ayuso a exigir que cesasen este negocio por incompatibilidad con la ley.
Cree que la transferencia de competencias por parte del Gobierno hacia las comunidades ha provocado regulaciones contrarias a derecho y alejadas del beneficio del ciudadano y la movilidad urbana.
Tras el decreto de Andalucía, varias comunidades se quedan en un incierto limbo sin nueva reglas. De las tres regiones que suponen más del 70% del negocio del sector, dos imponen restricciones relevantes.
El Mitma defiende que las comunidades autónomas han contado con "tiempo suficiente" para regular esta actividad desde que el Ejecutivo puso en marcha el 'periodo de gracia' hace ya cuatro años.
La compañía ha publicado el número de viajes que se han realizado desde y hasta la sede del ministerio en su plataforma a escasos días de que finalice el periodo transitorio que se concedió a las CCAA para las VTC.
La tecnológica esgrime un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona que señala dos años como el periodo necesario dado el impacto de la pandemia. El taxi se mantiene en guardia.
Quedan quince días para cumplir el 'periodo de gracia' impuesto por el Ejecutivo a las licencias VTC en 2018. Algunas comunidades y grandes empresas de VTC piden ampliaciones.
La aplicación para solicitar el servicio de taxi añadirá también un cargo por servicio de 0,80€ por trayecto que destinarán a la "excelencia, sostenibilidad y seguridad" de la prestación y sustituye al anterior de 0,30€.
Ya era accionista muy significativo de la filial de patinetes. La startup asegura a la plantilla que la ampliación es a una valoración "ligeramente superior a la última ronda". En 2018 se fijó en 1.400 millones de dólares.
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