El juez instructor del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ordenó la detención del líder independentista toda vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada.
Borràs afirma que desde Junts no tienen ningún interés en negociar la investidura de un presidente español, sino que tienen "todo el interés en negociar la resolución del conflicto que España mantiene con Cataluña".
El expresidente catalán sostiene que "el recuento definitivo de los votos comporta un cambio puntual en la asignación de escaños en el Parlamento español, pero relevante en la ecuación para cualquier investidura".
Finalmente, los 'populares' contarán en la Cámara baja con 16 representantes por Madrid, con la inclusión del exdiputado de UPN Carlos Adanero, y el PSOE baja a los 10 asientos, los mismos que en 2019.
Tras la detención de la también eurodiputada Clara Ponsatí, la Fiscalía ha solicitado al juez Pablo Llarena dictar órdenes de busca y captura contra los dos políticos catalanes, que se enfrentarían a cargos por malversación.
El Tribunal General de la Unión Europea retiró este miércoles la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCat.
El juez Llarena confirma que tras la reforma del Código Penal, el expresident, Comín y Puig seguirán procesados por estos dos delitos tras los cambios en la sedición.
La Justicia europea se ha pronunciado a favor del juez español Pablo Llarena e indica que no pueden decir que sus derechos fundamentales están en riesgo sin demostrar que hay un incumplimiento de España.
El organismo afirma que la sentencia del 'procés' recoge "los elementos típicos" del delito de desórdenes públicos agravados, por lo que la exclusión de este tipo penal que hizo el juez en su auto no se ajusta.
El tribunal supremo ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, pero mantiene las órdenes nacionales dictadas contra Puigdemont y los ex consejeros Comín y Puig.
Con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado. El PP y Ciudadanos han decidido no votar en señal de protesta.
El entorno del expresidente argumenta que de haber un fallo favorable su vuelta a España sería una realidad de forma inmediata, aunque desde el Tribunal Supremo se advierte que sería detenido.
El expresidente de la Generalitat debe prometer o jurar la Constitución para este cargo, algo que no hizo tras ser elegido por ser prófugo de la justicia española, al igual que otros tres independentistas catalanes.
El portavoz del partido jeltzale ha criticado la "rigidez" de las convocatorias. Además, le ha pedido que se "ponga las pilas" ante un Sánchez que se ha excusado por la complejidad de estos.
El expresidente de la Generalitat rechaza la reforma del delito de sedición como solución personal o política ya que no entiende el beneficio que tendría para resolver el conflicto entre el Gobierno central y Cataluña.
El rechazo de Aragonés a restituir a Puigneró ha tensado la relación entre ambos socios de Gobierno y los militantes de Junts optan por abandonar la Generalitat, en mitad de un clima de incertidumbre empresarial.
Los contactos no han aportado novedades para reconducir la crisis entre ambos socios de gobierno, antes de que esta noche finalice el plazo que se marcó Junts para convocar una consulta a sus bases.
Las conversaciones no han dado frutos que hagan pensar en un posible acercamiento, antes de que JxCat pregunte a sus militantes durante los próximo 6 y 7 de octubre si deben abandonar la Generalitat.
Los asistentes al acto, organizado por el CxRep, exhiben banderas independentistas y gritan consignas como 'Puigdemont presidente', '1-O ni olvido ni perdón' y 'Govern dimisión'.
Los cómicos reconocen estar detrás de las videollamadas a alcaldes europeos, entre ellos las realizadas a Berlín, Budapest, Varsovia, Viena y ahora Madrid, en las que fingían ser políticos en Kiev.
La Justicia europea tiene aún que resolver las dudas sobre el alcance de las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo, así como si el expresidente catalán está protegido por la inmunidad como eurodiputado.
Afirma que Bélgica no puede ni cuestionar la competencia del Supremo para instruir la causa, ni puede denegar las euroórdenes por posible vulneración de derechos si no demuestra "deficiencias sistémicas".
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