El Tribunal Supremo asegura que la orden europea de detención lleva vigente desde 2019, mientras que la defensa del expresidente catalán subraya que el Tribunal General de la Unión Europea la dejó en suspenso.
Tras el arresto del expresident catalán en la noche del jueves en la isla de Cerdeña se queda a un paso del banquillo del Tribunal Supremo después de casi cuatro años huido de la Justicia española.
"Reyes ladrones fugados en Abu Dabi y Presidentes electos detenidos en Cerdeña", ha denunciado en un mensaje en redes sociales.
Apuntan que la inmunidad del exdirigente catalán fue retirada por el Parlamento europeo y que el TJUE mantuvo esa retirada hasta que se resolviera el recurso presentado por el expresident.
Asens subraya que se trata de un arresto "ilegal" porque "se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea)".
Polémica sobre si la orden de detención estaba activa o no. El expresidente catalán se encontraba huido de la Justicia española desde el año 2017 y residía en Waterloo.
El Gobierno de coalición y ERC han apostado su futuro a que parezca que pasa algo cuando no pasará nada.
JxCAT escenifica unión y fidelidad en el Govern de Aragonès mientras sus bases critican la 'traición' de Esquerra que les sacó de la mesa de diálogo y que ha dado un giro político más alineado con Sánchez.
La petición de una indagación fue incluida como enmienda en la la documentación para pedir a la UE para que suspenda a Rusia del CE si los comicios legislativos de este domingo son considerados fraudulentos.
Plantea también que acudan Puigneró y Nogueras y traslada la propuesta a Aragonés para que el Govern los ratifique.
El presidente del FC Barcelona reclama este sábado que el expresidente de la Generalitat y "los exiliados puedan volver" a Cataluña, así como el fin de las causas contra los independentistas.
El fiscal jefe de sala Miguel Ángel Torres desestima el recurso presentado el pasado mes de julio por el líder independentista, que había pedido que se anulara la caución requerida.
El director de la oficina del expresident responde a la polémica y critica las informaciones que han aparecido en medios sobre supuestos contactos con los servicios de inteligencia del Gobierno ruso.
Alay admitió este viernes por la noche que viajó a Moscú y habló de "asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro", algo que, según ha recalcado, "no es ningún delito".
El expresidente de la Generalitat ha afirmado que las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad con el objetivo de "criminalizar y desprestigiar al independentismo".
El expresidente ha criticado el poco "realismo" de la previsión que hizo esta semana el president acerca de que los catalanes iban a votar sobre la independencia antes de 2030.
Puigdemont, Comín y Ponsatí, perdieron hoy de nuevo la inmunidad por lo que podrían ser juzgados en España si entraran al país, ya que los hechos por los que se les imputan fueron antes de ser eurodiputados.
El expresidente y líder de Junts ha reiterado su completo apoyo a la autodeterminación catalana, pero ha atacado las conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno.
Ayudaron conscientes de que era investigado y que había una orden europea de detención contra él, pero concluye por el artículo del Código Penal no puede ser considerado como delito de encubrimiento.
La nueva ministra de Política Territorial aseguró, sobre un nuevo referéndum en Cataluña, que el independentismo "debería haber aprendido la lección", al tiempo que pidió que Puigdemont fuese juzgado.
Ejerciendo de factor de cohesión entre las diferentes familias independentistas, Cuixart ha destacado la imagen unitaria del acto con sus cabezas visibles, expresos y "exiliados" incluidos.
El líder del PSC lo ha llevado al Consejo de Garantías Estatutarias para confirmar su legalidad. Por otro lado, sostiene que "no ha puesto restricciones" a una mesa de diálogo con los independentistas.
El secretario general de Junts ha sostenido que por separado los objetivos que han obtenido en los últimos años han sido "insignificantes", por lo que ha insistido de cara a la negociación de los PGE.
Alega que es "irrazonable" requerir el pago de dos millones "en tan exiguo plazo". En un escrito de once folios el letrado ha asegurado que "es de todo punto irrazonable requerir el pago de 2.085.507,80 euros".
El último trecho hasta la casa del expresident lo han hecho a pie, momento en el que han saludado a media docena de simpatizantes independentistas que les han recibido al grito de "unidad" y con esteladas.
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