El juzgado central examina los contratos de la entidad con Cenyt para distintos proyectos, presuntamente ilegales, por los que la entidad habría más de 10 millones de euros.
El Tribunal hace suyos los argumentos del juez de instrucción, Manuel García Castellón, de que ambos dirigentes no podían conocer los detalles de la contratación del comisario hace más de una década.
La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
La Unidad de Asuntos Internos detalla toda la información reservada de una veintena de personas que Antonio Bonilla, un inspector cercano al comisario jubilado, remitió a un empleado de BBVA en 2018.
Remite la información del personal que intervino en una cuenta de Villarejo y un informe de Auditoría Interna, si bien vuelve a quejarse de que todas las partes tengan acceso a datos internos del banco.
El expresidente de Sacyr rechaza que el banco compare su situación con la de otras empresas del Ibex 35 que han estado imputadas en la macrocausa y asegura que no tenía un modelo de prevención eficaz.
El magistrado ha citado para octubre al banco y a varios de sus empleados en octubre, pero no ha puesto aún fecha para el interrogatorio del expresidente de la entidad, que solicitó declarar voluntariamente.
García-Castellón descarta imputar a la exsecretaria general del PP por sus conversaciones con el comisario en la trama, pero sí abre nueva causa para tratarlos bajo la operación 'Tándem'.
El equipo jurídico de la eléctrica recurre la última decisión del juez Manuel García Castellón, relativa al archivo de la causa con respecto al exdirectivo que elaboró un informe contrario a la cúpula directiva.
El magistrado instructor debe escuchar a tres testigos para aclarar los trabajos del comisario Villarejo. Mientras, la Sala resolverá el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente.
La sección tercera de lo Penal ha estimado parcialmente un recurso de Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem.
García Castellón ordena a la Policía analizar estos desplazamientos y su forma de pago antes de cerrar la investigación sobre la actuación del comisario para recuperar las barras valoradas en 12 millones de euros.
El comisario sufrió un ictus leve a finales de junio y el tribunal decidió eximirle de asistir a la vista oral hasta septiembre. La defensa del expolicía critica la situación y la califica de "arresto domiciliario".
El magistrado instructor acordó el archivo de la querella de la eléctrica contra José Antonio del Olmo por falsedad documental. El exjefe de Seguridad quiere saber si la investigación por cohecho se mantiene.
Tanto Anticorrupción como el magistrado Manuel García Castellón apuntan que un policía cercano al comisario jubilado siguió en 2018 ofreció servicios a BBVA "vinculados con las contrataciones de Cenyt".
Acepta la petición del exjefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, que considera que el Estado debe responde por los daños derivados de los presuntos delitos cometidos por el comisario Villarejo.
El juez Manuel García Castellón acuerda también el archivo del procedimiento para José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la eléctrica, que denunció que la cúpula de la eléctrica sabía cómo se contrató a Villarejo.
Los fiscales apuntan que el exinspector jefe de Policía Antonio Bonilla Martínez, imputado en varias líneas de investigación de la causa, utilizaba un nombre falso en sus colaboraciones con el comisario jubilado.
La compañía insiste en que no contrató al comisario jubilado en 2011 y que éste presentaba sus servicios a través de una plantilla repetida. Añade que muchos de los datos que entregaba eran "meras invenciones".
Recuerda que muchos de los datos ya fueron analizados por la Policía y advierte que algunos pueden afectar a "secretos" de la empresa y otros contienen información personal de empleados de la entidad.
Los fiscales impugnan ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Manuel García Castellón de acordar el sobreseimiento de la pieza Iberdrola con respecto al presidente de la eléctrica.
Porque todavía no se ha podido valorar con precisión su estado ni se ha corroborado que exista una "incapacidad mental sobrevenida".
La entidad financiera, imputada como persona jurídica desde 2019, considera que la investigación está ya "agotada", por lo que pide al juez de la Audiencia Nacional que no vuelva a prorrogar la causa.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera que los delitos por los que se le investigaba por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo están prescritos.
El exjefe de Seguridad del banco declaró ante el juez que se adquirió la aplicación telefónica para prevenir "intervenciones ilegales" en los terminales de los miembros de comités de dirección de distintos países.
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