El director general del organismo internacional sostiene que el apagón nuclear responde a una decisión política "legítima" pero sujeta a cambios.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con mano izquierda, cesiones y paciencia, cerró en marzo de 2019 un acuerdo con las grandes compañías eléctricas para apagar todas las centrales.
Las reformas debilitan el control municipal en las obras relacionadas con el desmantelamiento de centrales hasta 2035 y el almacenamiento de residuos.
El documento presentado por la empresa pública Enresa en marzo está en la primera fase de análisis por el Gobierno y aún debe pasar por el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear.
La central nuclear de Almaraz es propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, y la de Vandellós de Endesa e Iberdrola.
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El Departamento de Transición Ecológica formaliza las decisiones que conceden la renovación de la autorización de explotación a las centrales nucleares en Cáceres y la Vandellós, en Tarragona.
La asociación Foro Nuclear calcula que la gestión de residuos y clausura de instalaciones costará en torno a los 19.000 millones de euros
Las tendencias señalan que habrá que 'desarrollar', sí o sí, un nuevo gas producido a partir de fuentes renovables. Esta es la nueva revolución de empresas y sistemas que deberán afrontar un gran cambio.
- Las eléctricas retrasan la recarga de las centrales nucleares por la crisis sanitaria
- Las empresas propietarias acometen la recarga completa de combustible en Almaraz y Ascó tras descartar rebajas de potencia y paradas por la crisis.
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- El retraso en las recargas y las dificultades para realizar las inspecciones previstas abren la posibilidad de parar centrales por completo.
- Ajuste de cuentas en Almaraz: Endesa pierde 60 millones y sus socios ganan 42
- Las tareas para cambiar el combustible nuclear emplean a centenares de personas y técnicos de distintos países.
- El parón del ATC nuclear: 49.000 horas de los expertos para un proyecto muerto
- El Consejo de Seguridad Nuclear elaborará un informe vinculante sobre el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos.
- La empresa pública inicia la tramitación del VII Plan General de Residuos Radiactivos con el envío de un borrador al Ministerio de Transición.
- Nadal 'toreó' a la agencia internacional atómica en la última auditoría nuclear
- El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) lleva en un cajón desde julio de 2019 porque Enresa no ha tenido a quien enviarlo.
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- La normativa en vigor establece que la autorización vence de forma automática si el solicitante no ha iniciado los trabajos de minería.
- Transición Ecológica, Hacienda y Ciencia e Innovación tienen que aprobar la herramienta clave para concretar el cierre de centrales a partir de 2027.
- Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.
- El tratamiento de los desechos radiactivos es el punto más sensible y caro del acuerdo para cerrar centrales pactado por las eléctricas hasta 2035.
- La Administración rechaza por dos veces los recursos de la UTE creada por la eléctrica con Ghesa y Técnicas Reunidas contra su exclusión del proceso.
- El PP resiste a duras penas en localidades como Villar de Cañas, sede del ATC; Retortillo (Salamanca) o el Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña
- El Consejo de Seguridad Nuclear, recién renovado, tendrá la última palabra sobre la continuidad de la explotación y sus condiciones.
- La empresa pública Enresa ultima el VII Plan General de Residuos, pieza clave para cumplir el calendario de cierre de centrales hasta 2035.
- Los consejeros del PP en el Consejo de Seguridad Nuclear presionan para impedir la renovación del organismo que debe controlar los cierres
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