Los dispositivos de todos los ministros se analizarán tras detectar la intrusión ilícita en los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa durante el año pasado, según confirma el Ejecutivo.
Podemos y la izquierda parlamentaria habían reclamado la creación de esta comisión y han criticado duramente a los socialistas por su oposición a constituirla. Sánchez si deberá comparecer en la Cámara.
El cortafuegos que tienen los teléfonos del presidente y los ministros no pudo frenar la infección. Moncloa concluye que a lo máximo que podría llegar sería a saber dónde se han descargado los datos sustraídos.
"El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro", ha agregado en el tuit, en el que ha compartido también una noticia sobre la denuncia del Gobierno al presunto espionaje.
El estudio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que tras los ataques con Pegasus al móvil del presidente no hay ningún organismo oficial. La Fiscalía pudo acreditar en México una infección privada.
El titular de la cartera de Presidencia ha detallado que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención más en el móvil de la ministra.
Defensora del presidente en los peores momentos, no será fácil que el líder del Ejecutivo entregue su cabeza por mucha presión que tenga, pese a que siempre ha sido una ministra incómoda para Podemos.
La ley obliga a solicitar por escrito autorización judicial para intervenir comunicaciones. Se debe identificar a las personas afectadas, detallar el objetivo de dicha medida y explicar qué aconseja su adopción.
El ministro de Presidencia carga contra el PP por su negativa a respaldar las medidas económicas contra la guerra y considera "incomprensible" que no haya apoyado un plan necesario para todos los ciudadados.
Sánchez cede ante Feijóo y el Gobierno acepta tramitar el decreto económico como proyecto de ley para introducir enmiendas. El PP exige bajar impuestos. ERC vota no por el espionaje y Bildu sigue negociando.
Tras la resolución de Meritxell Batet que rebaja los requisitos para ser elegidos, cuatro de estos diputados pertenecen a partidos independentistas.
Las tres formaciones han exigido la dimisión de la también responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haber justificado esas escuchas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
La ministra de Defensa ha respondido este martes a tres preguntas en el Senado sobre el programa 'Pegasus' y ha garantizado que el Gobierno y todos sus organismos públicos cumplen con la legalidad.
El Govern exige dimisiones y tacha de vagas e inconcretas la respuesta del Gobierno, ante lo que aseguran que no habrá más apoyo parlamentario al Ejecutivo, si no toma medidas más concretas.
El ministro de Presidencia ha aprovechado la visita a Barcelona para hablar con el líder de los socialistas en Cataluña y de la que no han trascendido los detalles de la conversación.
El ministerio expone que el organismo tendrá acceso a toda la información que requiera para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del centro de inteligencia.
La directora del centro de inteligencia español acudirá al Congreso para rendir cuentas y llama a todos los partidos a activar la Comisión de Secretos Oficiales, tras dos años paralizada.
El programa contemplará un centenar de medidas, entre las que se encuentran la creación de un centro de Operaciones de Ciberseguridad. Desde el CNI lamentan que "nadie está a salvo" de sufrir un ciberataque.
Desde UNIR aseguran que es "muy complicado" colaborar con las autoridades rusas para perseguir este tipo de delito, porque según argumentan, el cibercrimen es una fuente de recursos financieros para el país.
"El Gobierno de España condena enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa", ha indicado Moncloa. En el encuentro también han participado Yolanda Díaz y Nadia Calviño.
La directora Paz Esteban López le ha trasladado a los magistrados de la Sección Segunda la "imposibilidad" de tal comunicación sin violentar la protección de las normas que dispensan a la "información clasificada".
El expresidente del Parlament, Roger Torrent, acusó directamente al CNI de estar detrás de una operación en la que se habría interceptado sus comunicaciones y lo de otros consejeros a través de ese software.
En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el correspondiente dispositivo policial practicando, además de la detención del sujeto, un registro domiciliario.
Trabajo recurre a la empresa privada para solucionar el ciberataque que afecta al Ministerio desde el pasado 9 de junio. Le adjudica un contrato, negociado sin publicidad, por valor de 145.894 euros.
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