Su objetivo de que aclare si dispensa del secreto profesional a la directora de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, y al resto de letrados de la entidad.
Ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a 19 años de cárcel por hasta tres trabajos privados que realizó a través de su grupo empresarial CENYT insistiendo en la mala praxis de la investigación.
En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa del comisario jubilado-.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como Béjar o Corrochano.
La sala de lo penal rechaza el sobreseimiento y da la razón al juez, que el pasado 25 de mayo desestimó la declaración de prescripción que había pedido el ex presidente del BBVA.
La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario por revelación de secretos de empresa e individuales, además de falsedad documental en la primera sentencia del caso Tándem, pero le absuelve de cohecho y extorsión.
María Jesús Arribas se ha escudado en el secreto profesional y en su participación en el equipo de defensa de la entidad bancaria para no prestar testimonio en la cita que tenía este viernes en la Audiencia nacional
Anticorrupción pone el foco en el papel desempeñado por Torres Vila, que pertenecía a un comité restringido que en octubre de 2018 dio de alta "un Proyecto confidencial sobre la relación de BBVA con la empresa Cenyt".
En la reunión destacaron las intervenciones de varios sindicatos sobre la "precariedad" de los trabajadores de la entidad financiera, la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones laborales de estrés y ansiedad.
El juzgado central examina los contratos de la entidad con Cenyt para distintos proyectos, presuntamente ilegales, por los que la entidad habría más de 10 millones de euros.
El presidente del segundo banco de España, Carlos Torres Vila, por tamaño ha rehusado hacer declaraciones sobre el 'caso Villarejo' y cómo afectará al banco quedarse como único imputado en la causa
El Tribunal hace suyos los argumentos del juez de instrucción, Manuel García Castellón, de que ambos dirigentes no podían conocer los detalles de la contratación del comisario hace más de una década.
Los magistrados de la Sección Tercera confirman el archivo dictado por el juez Manuel García Castellón para el exdirectivo pero revocan parcialmente una de las decisiones contenidas en ese mismo auto.
Los fiscales solicitan la testificación de más trabajadores del banco para aclarar cómo se trató la alerta del Sepblac y critica a la entidad por tratar de "evitar" que se investigue si los encargos continuaron en 2018.
La Unidad de Asuntos Internos detalla toda la información reservada de una veintena de personas que Antonio Bonilla, un inspector cercano al comisario jubilado, remitió a un empleado de BBVA en 2018.
La Sala de lo Penal insiste en que el mero cargo es "insuficiente" para vincularlo con las presuntas labores de espionaje llevadas a cabo por el comisario Villarejo en 'Wind. Los hechos quedan prescritos.
Entre los años 2004 y 2017, Cenyt giró facturas superiores a 3.000 euros a más de 30 empresas. Aunque 2006 fue el ejercicio que más ingresos obtuvo, fue en 2011 y 2012 cuando más trabajos realizó.
El magistrado ha citado para octubre al banco y a varios de sus empleados en octubre, pero no ha puesto aún fecha para el interrogatorio del expresidente de la entidad, que solicitó declarar voluntariamente.
De entre el total de estas personas a las que se ofrecerán acciones destacan, entre otras, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
El exjefe de Seguridad del banco declaró ante el juez que se adquirió la aplicación telefónica para prevenir "intervenciones ilegales" en los terminales de los miembros de comités de dirección de distintos países.
El banco explica en un escrito cómo funciona su propia contabilidad interna y cómo se gestionan los pagos a proveedores. Asegura que la forma de abonar los servicios del comisario jubilado fue "correcta".
Anticorrupción ve indicios de responsabilidad penal en su participación en la contratación de Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para efectuar los encargos 'Gipsy' y 'Posy'.
Manuel Sáchez Corbí ha asegurado que se reunió con el comisario jubilado en la Torre Picasso de Madrid, pero que no tenía constancia sobre si usaba esta sociedad como tapadera.
Juan Asúa asegura ante el juez de la Audiencia Nacional que no tuvo conocimiento de los encargos realizados al comisario jubilado para realizar investigaciones patrimoniales a clientes que tenían deudas.
Ha definido los trabajos de José Manuel Villarejo como de inteligencia corporativa y de fuentes abiertas pero, en ningún caso, una labor propia de detectives.
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