Báñez no explicará en el congreso el cambio de criterio para acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no acudirá al Congreso para explicar el cambio de criterio sobre la posibilidad de que los desempleados mayores de 55 años, cumpliendo ciertos requisitos, puedan acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años suscribiendo un convenio especial.
El PSOE y La Izquierda Plural pidieron en la Diputación Permanente de este martes que Báñez acudiera a la Comisión de Empleo de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este cambio relativo a estas jubilaciones. Desde el PP se destacó que la ministra ya está actuando y que antes de que pudiera ir al Congreso “habrá noticias al respecto”.
Por su parte, la diputada popular María del Carmen Álvarez-Arenas aseguró que ha sido la Intervención General del Estado la que ha empezado a denegar expedientes. Añadió que el órgano central de la Seguridad Social ya ha reclamado los expedientes y que éstos se están analizando “uno a uno para ver si se han producido resultados no deseados”.
“La Seguridad Social está abierta a estudiar y analizar si las resoluciones actuales no se ajustan claramente al espíritu de la ley”, dijo Álvarez-Arenas, para agregar que “vamos a analizarlo con tranquilidad, el Gobierno ya está en ello y probablemente en unos días ya tendrá analizados todos esos expedientes”, que cifró en unos 35.000.
"CLARAMENTE ILEGAL"
Desde las filas del PSOE, la diputada Concepción Gutiérrez sostuvo que la decisión del Gobierno es “claramente ilegal”; “genera inseguridad jurídica”; y resulta “incoherente” con las propias normas de la Seguridad Social y con las recomendaciones del Pacto de Toledo. También la tildó de “injusta, porque trata peor a los trabajadores que han sido despedidos individualmente”.
Por ello, pidió la “restitución inmediata de la legalidad”, porque se está causando “dolor, daño y perjuicios económicos a un volumen importantísimo de trabajadores”.
A su vez, el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela señaló que se trata de una cuestión “importante” y “urgente”, porque “hay personas a las que se les está negando el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años”.
"MALTRATO SÁDICO"
Coscubiela denunció que el “cambio de criterio” de la Secretaría de Estado de Seguridad Social “provoca inseguridad jurídica” y “restringe de manera injusta" el acceso a la jubilación anticipada. También apuntó que “está creando una alarma social” y supone un “maltrato sádico” a los parados mayores de 50 años.
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, mostró el apoyo a la solicitud de comparecencia porque con el “cambio de criterio” en la aplicación de la ley se provoca “inseguridad jurídica”. Además, dijo que es una “gran arbitrariedad que carece de justificación real”, para agregar que es “injusta” y establece una “discriminación”.
En la misma línea se pronunció el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien apuntó que la modificación “perjudica notablemente a más de 35.000 personas”. “No es de recibo”, dijo el diputado de CiU, pues “no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido”.