La ley solo establece que ha de convocarse, por lo menos, una al año, al objeto de aprobar los presupuestos y cuentas.
Lo será siempre que su finalidad sea suprimir barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de propietarios con discapacidad o propietarios que tengan más de 70 años.
A la comunidad le bastará con que lo arreglen o indemnicen por las buenas, pero se podría incluso, en función de los hechos, proceder en vía penal si se trata de daños intencionados.
Lo normal es resumir brevemente lo que se trata sobre cada punto del orden del día, siendo lo esencial que el acuerdo se ajuste a lo previsto y que quede perfectamente claro en la redacción.
No es necesario que en ese momento se manifieste la intención de impugnar el acuerdo en sí, sino que bastará que se vote en contra del mismo para preservar esa opción.
Dentro de la categoría de 'empleados de fincas urbanas' se hallan todos los que tienen encomendada la vigilancia, cuidado y limpieza de ellas, así como cualquiera de los servicios comunes existentes.
El presidente de la comunidad se puede encontrar con deudas antiguas y no pagadas. Esto es lo que dice la ley al respecto.
En caso de que el propietario haya iniciado la reforma, se puede demandar a ambos. En caso de que aún no la hubiera empezado, podría demandar solo a la comunidad.
La policía tiene competencias para velar por el cumplimiento de las ordenanzas sobre ruidos, con límites diferentes en función del horario.
Por lo general, las reclamaciones frente a los presidentes de comunidades tienen origen en una extralimitación de sus funciones.
Tiene carácter obligatorio y su nombramiento se determina por el sistema que al efecto se contemple en los estatutos y, en su defecto, por riguroso turno
Lo que sí se exige es que, una vez llevadas a cabo tales reparaciones, se dé cuenta de las mismas al resto de propietarios y en el menor tiempo posible.
Desde la óptica de la Ley de Propiedad Horizontal, no es obligatorio, se trata de una figura facultativa, ya que la ley dispone que podrá haber uno o varios, lo que implica que también podrá no haber ninguno.
La Ley de Propiedad Horizontal establece la posibilidad de que la asistencia sea bien personal, bien a través de representación, bastando para ello que se acredite por escrito.
El artículo 9.1. de la Ley de Propiedad Horizontal dice que es obligación de los propietarios comunicar a quien ejerza las funciones de secretario.
Al tratarse de un elemento común, según el Código Civil, su mantenimiento es responsabilidad de la comunidad de vecinos.
Ambas afectan tanto a los requisitos necesarios para ser aprobadas en Junta, como la derrama a la que deberán hacer frente los vecinos.
El artículo 7.2 de la Ley de propiedad horizontal está dedicado a la acción de cesación, que puede ejercerse frente a actividades molestas.
Esta cuestión ha sido tratada de forma dispar por nuestros tribunales, pero lo cierto es que hace ya unos años que el Tribunal Supremo ha establecido su doctrina al respecto.
El Supremo tiene declarado que la instalación de un nuevo servicio de ascensor, si es válidamente acordada, debe ser sufragada por los dueños de los locales exentos de su conservación o mantenimiento.
Un hándicap del procedimiento es que, si no se logra averiguar el domicilio del deudor para hacerle personalmente el requerimiento de pago, se pone fin al procedimiento y hay que presentar un declarativo.
El titular de los elementos comunes es la comunidad de propietarios y las decisiones de la misma se adoptan en junta general.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), operada por el Real Decreto-Ley 7/2019, introdujo a este respecto la posibilidad de limitar este tipo de uso.
Esta obra afecta a la propia configuración del edificio y puede afectar a los demás vecinos a la hora de maniobrar, por lo que sería preciso el consentimiento de la comunidad.
El plazo de prescripción de este tipo de obligaciones es de cinco años, si bien puede interrumpirse mediante requerimiento fehaciente al deudor.
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