En España está constitucionalmente reconocido el derecho a la propiedad, pero nuestra Carta Magna también dice que la función social del mismo delimitará su contenido conforme a las leyes.
Un individuo puede ocuparse personalmente de pasar por Hacienda la escritura notarial de cancelación de la carga y de llevarla posteriormente al registro de la propiedad para su inscripción.
Es un procedimiento especial que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil para reclamar deudas dinerarias de cualquier importe que sean líquidas, determinadas, vencidas y exigibles.
Para modificar los estatutos tradicionalmente es necesaria la unanimidad en la junta de vecinos.
Según el artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios serán los únicos que están legitimados para impugnar acuerdos de la Comunidad.
El importe de sus honorarios depende de la cuantía que sea objeto de reclamación y de si se acumula o no al desahucio la reclamación de rentas.
El art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo.
La hipoteca se inscribe después de la compraventa, porque la otorga quien ya es propietario de la finca. Por consiguiente, si la compraventa no se inscribe antes, el banco no puede inscribir su garantía.
El pleno dominio o plena propiedad consiste en la titularidad de la plena propiedad de un determinado bien.
Desde el momento en que se suscriba el contrato de arrendamiento, el inmueble pasará a constituir el domicilio de los arrendatarios y, como tal, estará protegido por la inviolabilidad del mismo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos se establece que los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes.
Existe un derecho de adquisición preferente a favor de los arrendatarios para el caso de que se venda la vivienda arrendada.
Este pacto solo es válido si consta por escrito indicando el importe anual de los gastos a la fecha de la firma del contrato.
La estipulación que limita la vigencia del contrato a un solo año sin mención alguna a la prórroga legal, es contraria al artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y perjudica el derecho del inquilino.
Si el alquiler que cobra a su familiar supera el 2% o el 1,1% del valor catastral de la casa, ése será el valor por el que pague impuestos.
La ley establece que hay que depositar una fianza que se corresponde con una mensualidad de la renta, sin que ese importe pueda ser superior.
No se le aplica la regulación protectora que la Ley de Arrendamientos Urbanos dispensa al arrendatario de vivienda en el sentido de domicilio o residencia permanente.
- ¿Es legal ceder a un tercero el contrato de alquiler de vivienda?
- ¿Se puede vender una casa familiar si uno de los herederos está incapacitado?
- ¿Qué es una condición resolutoria y cómo me afecta a la hora de comprar un piso?
- Para acometer dichas obras, es obligatorio contar con la aprobación del propietario.
Será la encargada de llevar a cabo distintas gestionas como cobrar las rentas, relacionarse con los arrendatarios para cualquier cuestión, etc.
Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos.
Si este supuesto se estipula como una obligación genérica a cargo del arrendatario, sin concretar el importe, podría considerarse nula y, por tanto, de aplicación ilegal.
Solo se liquida cuando el contrato se extingue, momento en el que responderá de cuantos daños imputables al arrendatario hubiera en el local y de cuantas demás obligaciones subsistan.
Aunque habría que conocer con exactitud todas las comunicaciones cruzadas, se podría haber producido la concurrencia de oferta y aceptación.
Desde el punto de vista de la tributación en el IRPF, no se considera que exista alteración del patrimonio del sujeto pasivo, de modo que tampoco se tributa en este impuesto.
Se debe consultar el título constitutivo de la propiedad horizontal o, si los hay, los estatutos comunitarios, dado que es en dichos documentos donde deben constar las limitaciones de uso de locales y viviendas.
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