La Justicia belga mantiene bajo arresto por un delito de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en el caso que vincula a Catar con la Eurocámara, según Le Soir y Knack.
Moncloa defiende que de esta forma ningún supuesto quedaría despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave, e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados.
Mientras que la Comisión Europea entiende como insuficientes las medidas de refuerzo del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción del país, el "chantaje" de Viktor Orban a los Veintisiete continúa.
Marlaska se ha mostrado cauto y prefiere "esperar a que cualquier posibilidad de enmienda se presente", pero ha dejado "muy claro" que Moncloa no contempla "ninguna relajación" en la lucha contra la corrupción.
El presidente del Gobierno se abre a cambios en este delito durante la tramitación de la reformulación de la sedición en Congreso con el condicionante de que el nuevo texto preserve la lucha contra la corrupción.
La compañía ya asumió el abono de la sanción a Francia, Reino Unido y EEUU en relación con los procesos judiciales abiertos por sospechas de sobornos y corrupción relativas a contratos, en Libia y Kazajistán.
Lejos de tener un impacto positivo en el medio ambiente, el sistema de gestión de residuos a nivel regional financiado por dinero europeo derivó en graves problemas, incluidos incendios y emisiones peligrosas.
La posibilidad de reformar las penas contempladas ha levantado polémica, ya que los jueces deberían revisar muchas de las condenas impuestas en macrocausas de corrupción, donde este delito es habitual.
EEUU aporta casi el doble que Europa a la cifra de dinero dirigida a financiar diferentes gastos públicos del país, como el pago de los sueldos de los funcionarios, de las pensiones y becas y otras ayudas estatales.
Jueces y fiscales recuerdan que es un delito "muy frecuente" en estas causas y subrayan que los tribunales deberán revisar cada caso, principalmente si se distingue entre los que se han "enriquecido" y los que no.
Tras recibir el último informe de la IGAE, el magistrado instructor pide a las acusaciones que se pronuncien sobre si ven indicios de delito para llevar a juicio el último fleco de la financiación irregular del PP.
Los socialistas presentan una enmienda a la Ley de Defensa de la Competencia para reforzar la protección de los denunciantes de corrupción y que no tengan que desvelar su identidad.
El ministerio público se ha manifestado en contra de la solicitud de suspensión de las condenas formulada por nueve exaltos cargos de la Junta sentenciados.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma esta decisión al no ver ningún indicio acerca de que APMT eludiera cualquier signo de corrupción en el país centroamericano antes de comprar la sociedad.
La 'operación Tándem' estalló el 3 de noviembre de 2017 con la detención del comisario jubilado, dando así inicio a un caso con una treintena de piezas, que ahora se agrandará tras la aparición de nuevos trabajos.
El líder del Partido de los Trabajadores recrimina a su oponente que el SMI sea menor que cuando este llegó al cargo y ha recordado que durante su Gobierno (2003-2010) este se elevó en un 74%.
El extesorero del PP y su familia piden que los acusados les indemnice con 400.000 euros a cada uno de ellos. Entre los testigos, pide que declare la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
El primer embarazo se produjo solo cuando la joven tenía 13 años. Para que no se conociera la verdad, obligaba a la joven a decir que el padre era un trabajador de la zona y no él.
El grupo Dis, propietario del 40% de los derechos federativos del futbolista, reclama condenar al jugador y a sus padres a cinco años de prsión y 159 millones de multa, además de inhabilitarles como representantes.
Anticorrupción pidió librar a ambos ex líderes regionales del caso por la presunta caja 'b' del PP de Madrid. El magistrado procesa al exsecretario general de la formación Francisco Granados y otras siete personas.
La medida busca hacer frente a la estrategia del Kremlin de ofertar de puestos "bien pagados" en los órganos de dirección para ejercer influencia política en la Unión Europea.
El departamento contará con 21 miembros, 10 de la sociedad civil, en un intento de mostrar independencia, aunque el jefe y sus dos adjuntos serán elegidos por presidencia, a propuesta del Tribunal de Cuentas.
Advierte que el sumario no está completo en la plataforma digital, por lo que solicita suspender el plazo para hacer peticiones de pena contra el comisario Villarejo o el exministro Jorge Fernández Díaz.
En julio de 2021 acordó el fin de la investigación, pero todavía espera informes de la IGAE sobre contratos de cinco ministerios de la era de Aznar para poder decidir si archiva la causa o procesa algún investigado.
La ministra de Justicia húngara, Judit Varga se ha mostrado optimista al asegurar que ya se han alcanzado ciertos logros y asegura que seguirán trabajando para recibir las ayudas que "les corresponden".
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