Entre octubre y diciembre se practicaron 7.327 lanzamientos, un 18,4% menos que en el mismo periodo. De ellos, el 72,8% -5.332-, obedeció a impagos del alquiler y otros 1.492 -el 20,4%- se debió de ejecuciones hipotecarias.
El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia.
La nueva vicepresidenta primera del Gobierno asegura que el último paquete de medidas contra la inflación es compatible con los objetivos de reducción de déficit y asegura que el margen fiscal permite realizar el desembolso
El Gobierno ultima prorrogar las medidas anticrisis y ya se conocen algunas de ellas tras una madrugada de intensas negociaciones como la rebaja del IVA de los alimentos básicos por otros seis meses.
La formación dirigida por Arnaldo Otegui EH Bildu explica que ha pactado con el Ejecutivo incluir esta prórroga en el próximo decreto de ayudas anticrisis, que se aprobará este próximo miércoles en el Consejo de Ministros.
Defiende una recuperación parcial del impuesto especial de la electricidad, que seguiría en el 0,5% para los hogares pero subiría al 5,5% para las empresas, por encima del 5,1% de antes de la rebaja.
Un informe del Consejo General del Poder Judicial indica que el número total de lanzamientos en el tercer trimestre supone un descenso del 26% respecto a 2022. Cataluña, la región con más desahucios, con 1.313.
Cataluña –con 2.274 lanzamientos, el 31,2% del total- fue la comunidad autónoma en la que se practicó un mayor número de desahucios en el segundo trimestre; a continuación se situó la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Del total, dos de cada tres (4.860) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 1.308 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 411 restantes obedecieron a otras causas.
La nueva Ley de Vivienda protege a inquilinos vulnerables y amplía los plazos de suspensión por impagos para evitar más exclusión social.
El informe se elaboró antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de los Diputados de la Ley por el Derecho a la Vivienda, y por eso la comisaria considera "importante" ahora su adopción "lo antes posible".
La intención del Gobierno es que en la Cámara Alta se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en el primer Pleno de mayo para que la nueva ley esté en vigor antes incluso de la campaña de las próximas elecciones.
El Partido Popular plantea dar avales del 15% a los jóvenes para disponer de un mayor acceso a la compra y alquiler, y prepara ayudas de hasta 1.000 euros para los gastos objetivos que se generen en estas operaciones.
Reconocen que es imprescindible que las Administraciones Públicas aumenten las viviendas de alquiler social, faciliten soluciones a las familias que sufran un desahucio, regulen las zonas e incentiven a los propietarios.
"Tanta gente sin casa. Tantas casas sin gente" es uno de los lemas de la protesta, en la que han estado presentes representantes de asociaciones vecinales que piden el fin de los desahucios y realojamientos.
En 2021 y 2020 se dispararon las ejecuciones hipotecarias un 60,3% y un 41,6%, respectivamente mientras que en 2022 se iniciaron 25.551 ejecuciones, un 22,3% menos que en 2021
La falta de oferta es la principal causa de la subida de los alquileres. Según Idealista, esto viene provocado por la "inseguridad que sienten los propietarios frente a desahucios y ocupaciones".
Para los contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2023, dentro del nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto de la inflación que ha aprobado este martes.
Hay posiciones contrarias sobre que la regulación del alquiler en zonas de mercado tensionado aplique a todos los arrendadores, y sobre la obligación de ofrecer un alquiler social a las familias objeto de desahucio.
El Instituto Nacional de Estadística recuerda en su informe que no todas las ejecuciones de hipotecas terminan necesariamente con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.
Un juicio por precario persigue la recuperación de la posesión de una vivienda ocupada por alguien sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia del propietario.
La comunidad de propietarios no tiene legitimidad para obtener el desalojo de los 'okupas' porque no son los dueños, pero sí pueden interponer una demanda si realizan actividades molestas o en su contra.
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No denunciar la situación y actuar de manera independiente a las autoridades cuando hay 'okupas' en la vivienda puede implicar un delito.
El operativo tomó lugar a partir de las 11.00 de la mañana y desalojaron a los jóvenes que se quedaban ahí luego de que JxCat, ERC y los comuns y el subgrupo de la CUP manifestaran su rechazo a que los sacaran
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