• El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, imputado por los ERE irregulares, ha dicho hoy a la juez que él era un responsable político, que su cometido no era el control de la legalidad sino que para ello había funcionarios y que "no ha visto un interventor en su vida".
  • Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía encarcelado por los ERE fraudulentos, ha dicho a la juez que "no tiene dinero" para hacer frente a la fianza de 686 millones de euros, ya que su única propiedad es un piso en El Pedroso (Sevilla) que está hipotecado.
  • La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha acordado pedir más datos sobre las cantidades percibidas por los "intrusos" antes de imponerles fianzas y ha reclamado a la Junta la totalidad de las notas manuscritas y borradores que haya en los expedientes.
  • La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha acordado pedir más datos sobre las cantidades percibidas por los "intrusos" antes de imponerles fianzas y ha reclamado a la Junta la totalidad de las notas manuscritas y borradores que haya en los expedientes.
  • La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a la Junta de Andalucía que informe si las ayudas mediante transferencia de financiación a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se concedieron en otras consejerías además de la de Empleo.
  • La juez que instruye los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado investigar las ayudas a seis ayuntamientos y 15 empresas otorgadas por José Antonio Viera, candidato del PSOE al Congreso por Sevilla y entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
  • Un imputado por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha reconocido hoy que cobró 455.508 euros sin documentación oficial alguna y por mediación del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, pero no se planteó que fuera ilegal al provenir de un alto cargo.

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