Los socios de Gobierno se dividen tras exigir los 'morados', junto con ERC y Bildu, la cesión de inmuebles y suelo a comunidades y ayuntamientos, además de la puesta en marcha de alquileres sociales.
Los socios de Sánchez también proponen elevar el Iprem, utilizado como referencia para la concesión de ayudas o subvenciones, "hasta la cantidad equivalente al umbral de pobreza propio de cada comunidad".
La propuesta, que plantea un arrendamiento máximo de 300 euros mensuales, está atascada por falta de acuerdo en el seno del propio Gobierno de coalición, pero también con sus socios parlamentarios.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
La ministra de Hacienda, Montero, ha declarado que estudian diferentes medidas para aliviar la carga financiera, pero que no valen aquellas que sólo ayuden y no sean compatibles con la bajada de la inflación.
Según la Guardia Urbana, han sido unas 150.000 las personas que han asistido a la manifestación, la cifra más baja de la última década, al margen de los dos años de pandemia, la organización lo cifra en 700.000.
Además de las anunciadas ausencias del presidente catalán, Pere Aragonès, y los consellers de ERC, a la manifestación tampoco asisten ni Oriol Junqueras, ni Marta Vilalta, ni otros dirigentes de peso.
El presidente ha puesto en valor que la negociación con el Gobierno es imprescindible para "abordar de una vez el fondo del conflicto político con el Estado: la necesidad de una respuesta a la voluntad de la mayoría".
Las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta son de carácter técnico, como por ejemplo para aclarar los conceptos de capital suscrito y desembolsado en sociedades de inversión colectiva.
Bildu ha advertido que corren "tiempos de excepcionalidad" que requieren que se tomen "decisiones estructuradas y valientes", para evitar que la "humanidad se precipite al colapso".
Los diputados vascos instan a aplicar las medidas contempladas en el plan de ahorro con "inmediatez", pero piden más "diálogo y negociación" de cara al curso parlamentario que comienza en septiembre.
El Gobierno ultima las conversaciones con las diferentes formaciones políticas con el objetivo de tener amarrados los apoyos en la primera votación del Congreso tras las vacaciones tras el 'no' del PP y Cs.
Las entidades financieras despliegan sus contactos con los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, para intentar llegar a un acuerdo durante la tramitación de la figura fiscal y evitar los recursos ante los tribunales.
Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la ministra de Hacienda ha dicho que "se ha hecho un esfuerzo muy importante para dialogar con Cataluña y mantener el espíritu constructivo".
También ha acudido a la cámara catalana para arroparla el expresidente catalán Quim Torra, que ha asegurado que su suspensión, deja al independentismo "muy tocado".
Junts se desinfla y ERC sería la segunda fuerza con hasta 37 escaños. Los 'populares' se harían con entre 9 a 14 diputados. El 52% de los electores rechaza que Cataluña se convierta en un Estado independiente.
El líder de los populares ha hecho hincapié en describir la compleja situación económica que atraviesa el país y la dificultad de hacerle frente con un gobierno "dividido dependiente y, ademas, excesivo".
La presidenta del Parlament insiste en su inocencia: "No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración"
Hacienda y la Vicepresidencia segunda elevan el límite de gasto no financiero de cara al intenso 2023 que se avecina. Es el pistoletazo de salida para los Presupuestos Generales, los últimos de la legislatura.
En las demandas presentadas ante el tribunal se argumenta que los tres exconsellers han sido condenados "a una pena desproporcionada y en aplicación de un delito imprevisible y que se les restringió la libertad".
Esta martes tampoco se ha logrado la admisión definitiva de la Ley de 'solo sí es sí', después de que una enmienda de Junts se aprobase con el apoyo del PP, ERC, Cs, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.
El Senado informa de que se trasladará la enmienda al Congreso de los Diputados para que se valore en conjunto, aunque no tiene previstas nuevas sesiones parlamentarias hasta el próximo mes de septiembre.
Los nacionalistas también piden la elaboración de un mapa territorial mínimo de oficinas que garanticen el derecho al efectivo como método de pago y vincular ambos a la obligación de atención esencial.
Los partidos nacionalistas han incluido esta medida en las propuestas de resolución y señalan a "Cataluña, Euskal Herria y Galicia" como "máximos exponentes de naciones diferenciadas" en el territorio.
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