La defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado la imposibilidad de pagarla "si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud".
La Audiencia de Palma también le condenó a pagar una multa de casi 2.200 euros y le impuso indemnizar con 115.425 euros a su antigua empresa, Mallorca Viva SL, cuyo socio le denunció tras el fichaje.
En caso de impago se procederá al embargo de los bienes que se encuentren a nombre de la mercantil Takamaka Invest. Rechaza imputarle alzamiento de bienes y fraude fiscal.
El principal objetivo del convenio firmado es mejorar la detección del fraude, limitar el daño y empoderar a los ciudadanos para evitar que sean víctimas de este tipo de estafas.
"Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el empresario, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina, que se presentan como “agentes exclusivos” de Leno.
La asesoría jurídica del consistorio se opone a ampliar la investigación al gerente de la Funeraria de Madrid por supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia, como pedía Más Madrid.
Durante los meses que dura este procedimiento, los ciberdelincuentes intensifican su actividad para tratar de timar a los ciudadanos.
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El juez de Madrid ordena la retirada el pasaporte a los dos comisionistas imputados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas en la primera ola de la pandemia.
El juez subraya que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo".
El empresario se ha comprometido a aportar dinero a las cuentas embargadas hasta llegar a la cantidad que se le exige, mientras la Fiscalía pide que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones.
A las víctimas que se han interesado en participar en el proceso de selección se les solicita que contacten a través de la aplicación de mensajería WhatsApp para obtener más datos.
Visitaron el domicilio en tres ocasiones, obligando a las víctimas, una con discapacidad intelectual y otra de edad avanzada, a hacer pagos de 3.300 euros cada vez bajo la amenaza de cortar el suministro.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
Una mujer de 78 años se enfrenta ahora a una petición de 4 años de cárcel por fraude y a devolver el dinero que se ha quedado durante años: más de 133.500 euros
Anunciaban productos tecnológicos a un precio un 80% por debajo del valor del mercado y cuando se les pagaba no los enviaban nunca.
“Ni el Gobierno ni las instituciones médicas se han librado de las estafas en las compras realizadas durante crisis de la Covid-19”, apunta Mario Mazaira, CEO de iMorosity.
La Seguridad Social alerta de una estafa que pide a los jubilados que instalen una aplicación móvil para pagarles el dinero de la pensión. Lo que pretenden los estafadores es hacerse con sus datos bancarios y su dinero.
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El jurista entiende que el alcalde de Madrid, en su condición de autoridad, debería haber llevado los hechos a los tribunales, por lo que podría incurrir un presunto un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía quiere comprobar la autenticidad de los documentos recogidos en la causa, entre los que se encuentran los contratos firmados y el pago de comisiones. La investigación se remonta a mayo de 2021.
El informe resultante de la AEAT señala que Medina primero envió el dinero en dólares a otra cuenta suya, en la misma entidad pero de una sucursal que ya los contabiliza euros y luego liquidó esta segunda cuenta.
El alcalde de Madrid remarca que el Consistorio consiguió la devolución de cuatro millones de euros en solo tres días y reitera que su llamada a Medina fue con motivo de agradecimiento por una donación.
Los dos correos constan en el sumario del caso abierto contra los empresarios, están fechados el 30 de marzo de 2020 y adjunta copia de los documentos que acreditan una transferencia a su favor.
El magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó la semana pasada el embargo de los bienes del empresario, además de los de Alberto Luceño.
Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.
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