La medida, que afectará a todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de al menos 750 millones de euros al año.
"El Parlamento europeo no ha conseguido lo que exigíamos pero sí hemos mejorado sustancialmente las propuestas", ha asegurado el jefe negociador de la Eurocámara, el socialista. Juan Fernando López Aguilar.
El texto apela a la necesidad de que los países en desarrollo tengan un acceso "igualitario, asequible y rápido" a las dosis y tratamientos.
La Eurocámara ha respaldado el fondo por una amplia mayoría y entrará en vigor una vez que el reglamento haya sido adoptado formalmente por los Estados miembros.
"La UE se reserva el derecho de tomar las medidas adecuadas en respuesta a la decisión de las autoridades rusas", afirmaron en una declaración conjunta Michel, Von der Leyen y Sassoli.
Tras cuatro meses de escrutinio intenso por parte de las diferentes comisiones parlamentarias.
Tras cuatro meses de escrutinio intenso por parte de las diferentes comisiones parlamentarias, la Eurocámara anunciará este miércoles el resultado del voto sobre un acuerdo que se cerró en 2020.
"Debemos concentrarnos en soluciones conjuntas, las soluciones unilaterales no nos llevan a ningún sitio", ha defendido la presidenta de la Comisión Europea.
Los estados miembro establecen que se trate de un certificado médico y no un "documento de viaje". Cada país aplicará sus medidas de forma independiente del resto.
La comisión que preside la popular Dolors Montserrat se ha comprometido a enviar un requerimiento al Ejecutivo español para que iguale los salarios entre los que realizan el mismo trabajo a nivel nacional.
La presidenta del BCE afirmó que en este contexto, sigue siendo "esencial" mantener condiciones de financiación favorables.
El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha remarcado que su partido sigue siendo "imprescindible" para la gobernabilidad del país, al ser la primera fuerza política catalana en el Congreso.
El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad a él y sus exconsellers, Comín y Ponsatí.
El Parlamento Europeo acepta el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo para el político huido de la Justicia española pueda ser juzgado en nuestro país por su papel en el 'procés'.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha avisado de que "la lucha democrática por la autodeterminación y la amnistía sigue".
"Un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales", asegura González-Laya.
La votación dividió a los partidos de la coalición del gobierno español, PSOE y Unidas Podemos (UP), que se pronunciaron a favor y en contra, respectivamente.
"Siempre hemos defendido que el conflicto político en Cataluña debe resolverse por vías políticas y mediante el diálogo", explican. PP, PSOE, Cs y Vox votan a favor del suplicatorio y ERC y PNV , en contra.
Para ser juzgado en España por su papel en el 'procés', tal y como ha recomendado la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. También se vota sobre los exconsellers que huyeron: Ponsatí y Comín.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha asegurado que nunca habían "sufrido" tanta coacción en un proceso que "ha sido realmente complicado"
La comisión de Asuntos Jurídicos del PE vota este martes su posición sobre el suplicatorio. Una vez que la comisión parlamentaria tome posición el asunto se elevará al pleno para que sea el conjunto de la Cámara.
En noviembre de 2017, las tres instituciones comunitarias principales proclamaron veinte principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral que no se ha publicado todavía.
Porque los hechos procesados fueron antes de que se convirtieran en eurodiputados. De no tenerla se puede reactivarse el caso en el Tribunal belga que debe decidir si ejecuta la extradición a España.
A España le corresponden 69.528 millones del total en transferencias a fondo perdido y además podría solicitar casi 85.000 millones de euros en créditos.
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