Aborto. Una vocal del cgpj pide retirar la ley del aborto del pp por ser “anacrónica” y “criminalizadora”

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda ha elaborado un informe en el que pide retirar el anteproyecto de Ley del Aborto impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, por ser una regulación “anacrónica” y “criminalizadora” y dejar a la mujer como un “mero instrumento al servicio de la maternidad”.
El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, critica que, con “el objetivo la reducción del número de abortos”, el Gobierno del PP, sin embargo, “la única respuesta que ofrece es la criminalización de conductas, y la eliminación del ámbito de decisión de la mujer”.
Pilar Sepúlveda, elegida vocal a propuesta del PSOE, fue designada ponente del informe del CGPJ sobre la nueva Ley del Aborto junto a Carmen Llombart, elegida a propuesta del PP. Fuentes del CGPJ han explicado a Servimedia que Sepúlveda y Llombart deben ahora armonizar los informes elaborados y elevar una propuesta el resto de los vocales, quienes pueden plantear sugerencias. El informe definitivo debe ser aprobado en un pleno del CGPJ. Este trámite, según las fuentes consultadas, podría tener lugar a lo largo del mes de enero.
El texto de Sepúlveda acusa al PP de posicionar a la mujer como un “mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida e intimidad, y su integridad personal, sin tener en cuenta sus derechos fundamentales”.
La vocal, en base a estas consideraciones, entiende que la nueva regulación “generará resultados negativos en el ámbito del principio de igualdad”. “Se aconseja reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno, y que supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer”, concluye Sepúlveda.
REGRESO A 1985
El informe, en contrapartida, señala que la actual Ley del Aborto, aprobada por el Gobierno socialista en el año 2010, establece un “modelo más extendido entre los países de nuestro entorno” y “ampliamente extendido en el Derecho comparado, en el que la previsión de un plazo oscila entre las 12 y 14 semanas”.
El escrito acusa al Gobierno del PP de realizar una “radical transformación” de este sistema y de “regresar al esquema básico original previsto en 1985”. La vocal Sepúlveda señala que la nueva regulación propuesta por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón “no solo nos aleja de la práctica europea mayoritaria, sino que incluso nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas en la materia”.
El informa asegura que la nueva regulación, tal y como está establecida en el anteproyecto, “representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales, o paralegales, que generó a la legislación de 1985”. La vocal entiende que no es “la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido”.
ALARMA SOCIAL
Pero Sepúlveda va más allá y asegura, en contra de los sostenido por el PP, que “no existe” demanda social para el cambio de regulación, “como demuestra el hecho de que el anuncio de la presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social”.
La vocal acusa al PP de desconocer “la evolución de la sociedad española, al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora”.
El informe critica además que la nueva regulación se haya basado en una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 1985 y “sin advertir el carácter limitado de la misma, dirigido al examen del sistema de indicaciones, no a evaluar un modelo mixto, como el vigente”.
Sepúlveda, por este motivo, considera que el Gobierno debería haber esperado a que el Constitucional se pronunciase sobre el recurso interpuesto por el PP contra la Ley.
“Precisamente esta pendencia y la necesidad de una respuesta constitucional actual a la misma aconsejan, en pura oportunidad y prudencia jurídica y política, esperar a su respuesta y retirar el Anteproyecto presentado”, indica el informe.