La reforma que ultima Miquel Iceta reconocerá por primera vez el derecho a indemnización de los interinos en situación irregular pero evita reconocer una compensación por los abusos del pasado.
En la sentencia, la Sala ha dejado claro que no comparte las conclusiones que extrae la ministra de Igualdad a partir de la nota de disculpa de la asociación demandada.
La madre de los pequeños, coautora de los crímenes, ha sido absuelta por la enfermedad mental que padece, aunque la sentencia le impone una medida de internamiento en un centro psiquiátrico.
"El día de la graduación suelo ponerme muy cachondo con vuestros modelitos", "¿Es tu novio?, no importa, no soy celoso" o "eres mi esclava" eran algunas de las frases que decía el profesor a sus estudiantes.
La operadora mantiene el derecho de veto de las salidas en caso de que haya un 'vaciamiento' de áreas concretas. El despido colectivo afecta a 455 después de una primera rebaja.
La medida supondrá la extinción de unos 7.400 puestos de trabajo. Además, creará un nuevo esquema de compensación para los empleados de entre 56 y 63 años.
Reprochan que el tribunal consideró no planteada la acusación por delitos de asesinatos y lesiones terroristas contra Chemlal y Oukabir, pero sí decidió absolver a Said Ben Iazza.
El PP presentó una propuesta a los agentes sociales en noviembre de 2017 para reducir las modalidades de contratación a tres, pero más flexible para las empresas que la que ahora plantea el Gobierno PSOE-UP.
El supuesto fraude en la venta de vehículos diésel de la norma Euro entre 2009 y 2015 ya afecta a Renault, Volkswagen y Peugeot, mientras que la marca Fiat podría ser la siguiente.
La Justicia del país mantiene abierta una investigación por la presunta utilización de programas para encubrir las emisiones contaminantes de algunos motores diésel de generaciones precedentes.
También tendrá que aportar una garantía bancaria de 60 millones de euros para una posible indemnización. La empresa ha defendido su inocencia y ha negado haber cometido delito alguno.
La negociación de este ajuste contrasta con la experiencia en BBVA, cuyas reuniones se iniciaron casi de forma paralela pero ya ha logrado contentar a los trabajadores y está a punto de firmar un preacuerdo.
La Fiscalía pide la prohibición de acercarse al niño a menos de 100 metros por ocho años, la obligación de ir a cursos formativos de educación sexual y una indemnización de 3.000€ por daños morales y psicológicos.
Se trata de una ayuda que no está sujeta a tributación y que se cobra junto con la asignación constitucional: 935 euros mensuales para los diputados elegidos por Madrid, y 1.959,62 euros para los demás.
El fallo llega tras la denuncia de una trabajadora que encadenó contratos de duración determinada en el entre 2003 y 2016, cuando su plaza fue adjudicada a un empleado fijo.
Las entidades todavía no han contratado a un experto independiente que realice la valoración de los negocios de vida y no vida.
Durante la reunión, el banco también ha presentado propuestas de cambios en las condiciones laborales ligados al desarrollo del modelo de negocio o medidas para facilitar la organización de las oficinas rurales.
La propuesta, que elevaba la cuantía de la indemnización a 11,51 millones de euros frente a los 6,7 millones que percibirá el directivo, habría sido frenada por la SEPI.
Los representantes de los trabajadores animaron a la plantilla a secundar un segundo paro parcial, de 9 a 11 horas, para trasladar a la dirección del banco su repulsa por las medidas de ajuste propuestas.
Desde el Ejecutivo se centran en "una hoja de ruta realista" que se pueda llevar a cabo en la práctica. Además, afirman que este no es el momento de subir impuestos, sino de apostar por la recuperación.
La ley lo limita a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que la contraigan en el ejercicio de su profesión.
Según ha informado el sindicato, aceptan la indemnización de 20 días por año que el banco ha ofrecido para los mayores de 63 años, pero el resto de pretensiones están muy alejadas.
El consejo aprueba la indemnización del hasta ahora primer ejecutivo de 3,1 millones que se suman a 2,3 millones por 'no competencia' y un finiquito de 750.000 euros.
La mujer, que ahora tiene 30 años, es culpable de haber matado, consciente, intencionada y voluntariamente al hijo que ese mismo día alumbró con vida, y cuyo embarazo ocultó.
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