El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recurrido al Alto Tribunal contra la baremación excepcional para los sanitarios que fueron contratados como refuerzo en pandemia y ahora pretenden acceder a un puesto.
El borrador incluye cambios para facilitar la estabilización de los interinos y, de esta forma, reducir la temporalidad existente en el sector público educativo.
Solo 53.000 empresas, de 3,3 millones, cuelgan sus ofertas en 'Empléate'. El Gobierno suplirá el organismo por una Agencia Estatal para agilizar gestiones y que los parados sepan los empleos que hay.
El número de funcionarios apenas aumenta en 12.000, mientras el personal eventual se incrementa en 92.000. El número de empleados en las administraciones públicas se situó en 2,73 millones.
Muchas regiones han adelantado sus procesos selectivos a este año para evitar que la nueva Ley de Estabilización de Interinos, que pretende atajar la alta temporalidad, les afecte.
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La Sala señala que el descanso de la plantilla es una circunstancia plenamente previsible y, por eso, no es ajustado a Derecho la cobertura temporal de las vacantes acudiendo a la vía interinidad por sustitución.
Uno de cada cuatro empleados públicos en las administraciones es interino y poco más de la mitad del total de los efectivos es funcionario de carrera. El 43% de la plantilla en ministerios tiene entre 50 y 59 años.
La región aplicará el modelo vigente en las oposiciones, que se celebrarán en junio, tras la negociación en la Mesa Sectorial.
Un total de 14 comunidades ya han optado por realizar las convocatorias antes de que se publique el Real Decreto. Tratan de evitar el efecto llamada, ofertarán menos plazas y el modelo de examen será el 2017.
Podemos ha insistido en que esta ley es un "gran avance" para luchar contra esta problemática pero se ha mostrado a favor de mantener la petición abierta.
El pasado jueves 30 de diciembre, entró en vigor la ley para reducir la temporalidad en el empleo público, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los trabajadores interinos son aquellos que, sin plaza fija asignada, desempeñan las funciones de un funcionario de carrera.
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El propósito es reducir temporalidades en el conjunto de las Administraciones por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la AGE, pero no otros ámbitos territoriales.
Este plan de acción es básicamente una continuación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del año 2019.
Tras su aprobación parlamentaria la nueva ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece que las plazas anteriores a enero de 2016 no requerirán de ninguna oposición.
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La norma fija que los organismos tienen hasta el próximo 1 de junio para ofertar las plazas de trabajadores interinos. La fase de concurso ponderará un 40%, siendo la experiencia el factor clave para otorgarla.
Las plazas ofertadas, que se publicarán en el BOE, son 192 para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y otras 734 restantes al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
El Alto Tribunal da la razón a una interina adscrita al Servicio de Ocupación de Cataluña, al considerar que no se pueden denegar de forma general, solo cuando haya cuestiones específicas del puesto lo justifiquen.
Estas nuevas condiciones, que afectará a unas 300.000 personas en el país, son el resultado de un acuerdo a mediados de noviembre entre el Gobierno español con el PNV y Esquerra Republicana.
La ministra ha asegurado además que la nueva ley para atajar la temporalidad en el empleo público llevará a "la eliminación de la tasa de reposición".
El plazo de presentación de solicitudes, tras 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de su publicación, llegará a su fin este próximo martes, 16 de noviembre.
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Hacienda pacta con Podemos, ERC y PNV ampliar el radio de acción del plan de estabilización de interinos y extenderlo al sector público empresarial. Responde a las reivindicaciones públicas del personal del ente.
Plantea la creación de un fondo financiado por los Presupuestos para sufragar la factura millonaria que se derivará de las indemnizaciones previstas en la ley para los interinos que pierdan su puesto de trabajo.
El Gobierno de coalición alcanza un acuerdo con PNV y ERC en el marco de la ley de estabilización pública que reduce a la mitad los diez años propuestos inicialmente y será convocado por el sistema de concurso.
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