Brasilia, 26 abr.- El asesinato de un coronel retirado que admitió que hubo torturas durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 fue denunciado hoy por activistas de derechos humanos como una "prueba de que la dictadura no acabó".
El coronel retirado Paulo Malhães, de 74 años, fue asesinado el pasado jueves por supuestos ladrones que irrumpieron en su casa, en un suburbio de Río de Janeiro, y robaron unos ordenadores y armas de su colección personal, tras permanecer cerca de diez horas en la residencia.
En la casa también se encontraba la esposa de Malhães, quien dijo que ambos fueron amarrados en habitaciones distintas y que no supo en qué momento fue asesinado su marido, que según la policía fue asfixiado.
En marzo pasado, Malhães reconoció ante la Comisión Nacional de la Verdad, que investiga las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que en esa época participó en detenciones ilegales y torturas y ofreció estremecedores detalles sobre los tormentos a que eran sometidos los adversarios al régimen.
Una de las víctimas de Malhães habría sido el diputado Rúbens Paiva, muerto durante la dictadura y cuya hija Vera Paiva aseguró hoy que está convencida de que el asesinato del militar tuvo como único objetivo el de callar su voz.
"Fue una 'quema de archivos'", declaró Vera Paiva al diario O Día, y afirmó que el asesinato de Malhães prueba que la "dictadura no acabó" y que agentes del antiguo régimen se mantienen activos y pretenden impedir que se reconstruya la "verdad histórica".
Recordó además que, en 2012, cuando comenzaba a funcionar la Comisión Nacional de la Verdad, fue asesinado en un supuesto asalto el coronel Julio Miguel Molina Días, también implicado en el secuestro y muerte del diputado Paiva, ocurrido en 1971.
La Comisión Nacional de la Verdad, constituida en 2011 por el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien durante la dictadura estuvo más de dos años presa y sufrió torturas, también exigió que el asesinato de Malhães sea debidamente esclarecido.
Este viernes, el coordinador de la comisión, Pedro Dallari, pidió que la Policía Federal se ocupe de las investigaciones y consideró que "no se puede descartar" que la muerte del militar esté vinculada al testimonio que ofreció sobre los tiempos de la dictadura.
En un comunicado, los miembros de la comisión en el estado de Sao Paulo manifestaron su "sorpresa y preocupación" con el asesinato del coronel y aseguraron que "las circunstancias del crimen" obligan a una "investigación rigurosa".
Los restos del coronel retirado será enterrados hoy mismo en un cementerio de Nova Iguaçu, el municipio vecino a Río de Janeiro en que residía.
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