
Ha citado a todos los dirigentes independentistas encarcelados y se ha alegrado por ellos y sus familias.
Ha citado a todos los dirigentes independentistas encarcelados y se ha alegrado por ellos y sus familias.
A los nueve indultados, que llevan más de tres años y medio en prisión, se les mantienen las penas de inhabilitación.
El Gobierno calcula que la aplicación por el Supremo de la medida tendrá lugar este miércoles.
El Consejo de Ministros aprueba, sin fisuras internas, la medida de gracia a Junqueras, Forn, Forcadell, Romeva, Sanchez, Cuixart, Rull, Turull y Bassa. Moncloa y Justicia conservan la inhabilitación de todos.
Este jueves, el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, compartirá una rueda de prensa con el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, y Conesa.
El líder de Òmnium Cultural fue a prisión por un delito de sedición por su participación en el proceso independentista catalán. Como sucedió con Jordi Turull y Josep Rull, los jueces no han compartido criterios.
A las 19.30 horas tiene previsto visitar a la exconsellera Dolors Bassa en la prisión de Puig de les Basses (Figueres) y el miércoles a las 15.00 irá a la cárcel de Wad-Ras.
El informe de gestión también revela que el PDeCAT ha pagado un total de 1,6 millones de euros en gastos jurídicos derivados de las causas contra los líderes independentistas por el 9N y el 1-O de la formación.
El alto tribunal afirma que el exconseller Josep Rull actuó como "promotor de la sedición" junto con otros líderes independentistas para "poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho"
El partido de Aragonès entregará a Junts el documento con la distribución de consejerías y competencias que deberían tener cada uno. Buscan crear tres nuevos departamentos y un comisionado sobre los fondos.
Coordinaba al equipo de letrados que ha revisado hasta la fecha todos los recursos. Su recusación fue promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Ha retirado el régimen de semilibertad a los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo del día de hoy deberán regresar a la prisión para volver al segundo grado.
Este aval a la competencia del Supremo aparece en la primera sentencia que se da a conocer contra las condenas del 'procés', la que responde al recurso de la ex consejera de Gobernación Meritxell Borràs.
En los recursos presentados, la Fiscalía ha extendido en hasta tres páginas su argumentación al pedir los efectos suspensivos, con la intención de impedir que vuelva a ocurrir la situación del verano.
Después de que la Generalitat les concediera este jueves el tercer grado, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 14F.
La única excepción es la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que sigue pendiente de resolución a los dos meses de que el Tribunal Supremo se lo revocara.
Quedan por cumplir una cuarta parte de su condena los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en su caso el próximo 11 de febrero, a tres días de las elecciones autonómicas.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha destacado que el tercer grado a los políticos "no es un privilegio" sino "un derecho bloqueado por un tribunal".
La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O.
Pedro Sánchez se ha sacado un conejo de la chistera y ha mandado al todavía ministro a 'conquistar' Cataluña.
Los independentistas encarcelados por el 1-O han criticado la decisión del Supremo de confirmar la condena al 'president' por desobediencia.
Pide que se les revoque la semilibertad para evitar "transmitir a la sociedad que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos".
Ambos líderes políticos interponen un recurso de reforma ante la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña.
La defensa de Sànchez, Rull y Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, alerta a la juez de que la suspensión cautelar de su tercer grado "carece de cobertura legal".
Opta por mantener por ahora el tercer grado a ambas, a diferencia de lo que resolvió el pasado martes el juzgado de vigilancia penitenciaria 5.
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