El alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada por las asociaciones judiciales contra el órgano de gobierno de los jueces.
Según fuentes cercanas, los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos a 1 de julio de 2024.
Argumenta que "hay razones de moralidad" para ayudar a las familias, después de asegurar que los tipos de interés están "provocando la mayor transferencia de rentas de los ciudadanos a entidades financieras".
La reducción de cargas de trabajo, flexibilización de horarios de permanencia en sede judicial, libertad de residencia o la adaptación de planes formativos, entre las medidas que propone la Comisión de Igualdad.
"Lamentablemente, en estos casos no se aportan argumentaciones jurídicas, sino que la crítica se centra en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes".
Ayala ha apuntado que la ministra no cree en la separación de poderes porque anuló la votación siendo presidenta del Senado en la que se reducía al 10 por ciento el IVA de las peluquerías.
Ocurre justo después de unas declaraciones del consejero de Justicia de Ayuso, que aseguraba que "el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial".
La asociación progresista hace responsable de la situación al PP e incide en los motivos que ha ido dando la formación para señalar que no es posible el acuerdo parlamentario para advertir de que no la justifican.
Juezas y Jueces para la Democracia incluyó en un comunicado su encuentro "fuera de agenda oficial" con la nueva ministra de Justicia que ha hecho recelar a dos agrupaciones representativas de la carrera judicial.
Aseguran que el presidente del TS les ha trasladado su "hartazgo" y se ha comprometido a tomar una decisión de cara a la próxima apertura del año judicial en septiembre.
"El actual diseño no ayuda a generar confianza, y menos aún cuando la actual fiscal general del Estado pasó directamente del Gobierno a la Fiscalía General del Estado".
Se pide la retirada definitiva de la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que rebaja las mayorías parlamentarias para elegir a doce de los veinte vocales.
Juezas y Jueces para la Democracia se desmarca y dice que es "lógico" pensar en una reforma legal si el bloqueo continúa.
Francisco de Vitoria reclama el cese del ministro del Interior mientras que desde Juezas y Jueces para la Democracia hablan de "judicialización de la vida política".
- El CGPJ trabaja en la siguiente de fase de su programa para formar a la carrera judicial en asuntos que coparán los juzgados en los próximos meses.
- Las asociaciones judiciales trabajan ya en las alegaciones a este borrador que contiene reformas de calado para hacer frente a la crisis.
- Los juzgados tramitarán por urgencia las causas por despido hasta finales del 2020
- El órgano plantea modificar la ley e introducir una norma excepcional para el ejercicio 2020 con el fin de hacer frente a los estragos de la crisis.
- Miembros de la carrera judicial sujetos a Mugeju se quedan sin percibir su subsidio por incapacidad temporal porque no se considera servicio esencial.
- Las asociaciones elevan la tensión al denunciar que los juzgados y el registro civil cumplen servicios mínimos sin mascarillas ni gel desinfectante.
- El órgano de gobierno rectificó su escenario de actuación tras el enfado de jueces y fiscales por no aplicar una actuación común en todo el país.
- Jueces y fiscales se plantaron en noviembre contra Delgado en un paro histórico. Las movilizaciones amenazan con volver si no atienden sus peticiones.
- La intención es subsanar el problema a través de una enmienda del grupo socialista durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.
- La Comisión Permanente muestra su "preocupación" porque determinados políticos catalanes no solo no los denuncian sino que los jalean.
- La sobrecarga de trabajo y la falta de medios les ha llevado a colgar la toga y exigir al Gobierno una salida urgente a esta “situación extrema”.
- Advierten de que la decisión de avocar a Pleno un asunto juzgado y con sentencia firme contraviene la LOPJ y ha sumido en desasosiego a la ciudadanía.
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