Se le declara culpable por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales.
La vicepresidenta y expresidenta de Argentina fue condenada este martes en un juicio por las irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
En septiembre de 2019, este trabajador inició un proceso de incapacidad, pero se le denegó por "no alcanzar" las lesiones que padecía un "grado suficiente de disminución de su capacidad laboral".
La compañía ya asumió el abono de la sanción a Francia, Reino Unido y EEUU en relación con los procesos judiciales abiertos por sospechas de sobornos y corrupción relativas a contratos, en Libia y Kazajistán.
La compañía ha detectado transacciones no autorizadas por un valor de 400 millones de dólares en criptoactivos y ha acelerado el traslado de todos los activos digitales a carteras no conectadas a la red.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá además incrementar la pensión de este jubilado en un 15%. En total tiene cinco hijos, por lo que tiene derecho a recibir este extra.
La enmienda a la totalidad de la formación naranja ha sido rechazada con 188 votos en contra, en la tarde en que el BCE recomienda realizar un "análisis exhaustivo" sobre las consecuencias negativas del tributo.
La iniciativa de los populares, pactada con Ciudadanos y Vox, también demandaba que el desalojo fuera inmediato en caso de flagrante delito y reforzar las penas por usurpación, entre otras propuestas.
Demanda que el desalojo sea inmediato en caso de flagrante delito, que se excluya el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado y que se refuercen las penas.
Los peritajes y estudios econométricos apuntan que el sobrecoste de los vehículos generado por pactos anticompetencia de los fabricantes fue de entre 2.000 y 9.000 euros, que ahora se pueden reclamar.
Según los datos que proporcionó la titular regional de Vivienda de la Comunidad de Madrid, entre 2015 y 2020, las okupaciones han subido en España un 42%.
El grupo Dis, propietario del 40% de los derechos federativos del futbolista, reclama condenar al jugador y a sus padres a cinco años de prsión y 159 millones de multa, además de inhabilitarles como representantes.
El órgano de gobierno de los jueces celebra esta tarde un pleno crucial para abordar la sustitución del expresidente del Poder Judicial, con sus vocales contradiciendo el informe jurídico que solicitó Lesmes.
Algunos de estos errores pueden llevar, incluso, a perder el patrimonio a heredar.
Justicia ha anunciado el compromiso para ampliar una sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Podrán coincidir 101 abogados y otras 264 personas, entre público y encausados.
La UE asegura que sigue "muy de cerca la situación" y mantiene "los contactos en curso" con los Estados miembros, al tiempo que asegura que el ambiente en las fronteras exteriores es "estable".
El empresario malasio juzgado por ser proveedor del material sanitario vendido al Ayuntamiento de Madrid ha enviado un escrito al juez, en el que se ofrece a declarar mediante videoconferencia.
Aitor Esteban recuerda que el Gobierno tiene un concierto económico con la Hacienda vasca al tiempo que remarca que muchas empresas energéticas "suponen una parte importante" de la recaudación regional.
Ruiz-Gallardón asume la parte de culpa de los políticos en el fracaso del sistema de elección, mientras Juan Carlos Campo advierte sobre los peligros de "tambalear los cimientos judiciales".
El acuerdo incluye un compromiso de hasta 113,5 millones de dólares (113,5 millones de euros) para financiar la inversión de proyectos a medida que estén listos par construir.
La sección tercera de lo Penal ha estimado parcialmente un recurso de Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem.
Mientras que Hacienda sostenía que dichos intereses eran "liberalidades", el Tribunal Supremo recuerda que no se podrán considerar liberalidades los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores.
El juez de la causa en la que se investiga al productor José Luis Moreno por delitos de estafa y organización criminal ha decretado su arresto, ya que los investigados no notificaron por adelantado que no asistirían.
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