Cuatro patronos han acudido al Protectorado de las Fundaciones Bancarias para denunciar 'mala praxis' e "irregularidades", en medio de disputas por el temor a cambios en la cúpula tras la absorción de Liberbank.
El presidente ejecutivo de la recién fusionada necesita el apoyo de dos tercios del máximo órgano de gobierno interno del banco para continuar en el cargo hasta 2023, cuando está prevista su salida.
La plataforma defiende la existencia de "fundadas sospechas" de que el proceso fue "injustificadamente favorable" a los intereses de Liberbank, en detrimento de un deterioro del patrimonio del grupo malagueño.
Las fuerzas vivas andaluzas denuncian que el pez chico Liberbank se está merendando al pez gordo Unicaja y claman contra Braulio Medel, presidente de la Fundación Bancaria y primer accionista del banco combinado.
El plan de ajuste contempla la salida de 1.513 trabajadores, aunque se dará por finalizado si se alcanzan las 1.314 salidas voluntarias, sin necesidad de aplicar entonces medidas de extinción forzosa.
Los antiguos miembros de la empresa han difundido un manifiesto en el que advierten de un "cúmulo de circunstancias adversas que dañan la reputación" de la entidad bancaria.
En un comunicado remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad confirma el acuerdo sellado "con una amplia mayoría de la representación legal de trabajadores".
Los últimos días han sido frenéticos para ambas partes que, durante jornadas maratonianas que se extendían hasta la madrugada.
El empresario mexicano repite operativa con el banco estadounidense para obtener crédito pignorando sus títulos después de haber hecho lo mismo durante años en Liberbank con Santander y Deutsche Bank.
El grupo andaluz ha afirmado que toda posible contingencia o eventuales costes que pudieran aflorar de la entidad asturiana están cubiertos.
En términos recurrentes, excluido el impacto contable de la fusión con Liberbank y otros ajustes, la entidad ganó 156 millones de euros, un 41% más en términos interanuales.
El despido colectivo afectará a 1.513 empleados, de los que 1.005 pertenecen a la red de oficinas y 508, a servicios corporativos.
El organismo regulador consideró que esta propuesta daba lugar a una exclusión financiera y fijó el criterio para la fusión con Liberbank en veinte minutos a pie.
El Gobierno calcula que hay unas 150.000 viviendas que están en manos de grandes tenedores, es decir, personas jurídicas con más de diez viviendas en propiedad.
La entidad por fin ha puesto encima de la mesa las medidas que pretende aplicar como parte de la reestructuración de la entidad tras fusionarse con Liberbank.
En los últimos doce meses, las cinco grandes compañías han acometido varios ERE que han supuesto miles de despidos.
El planteamiento de la entidad es el de llevar a cabo un despido colectivo, medidas de movilidad y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
La prestación social, que fue aprobada hace un año por el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria y económica causa por la Covid-19, sigue recibiendo una alta demanda de solicitudes cada mes.
La entidad andaluza ha iniciado el proceso para acudir al mercado de la mano del despacho Linklaters en lo que será la primera operación de este tipo tras la fusión con Liberbank.
Lo más habitual es que la cuantía se ingrese a finales de mes, sin embargo, en esta ocasión el día clave cae en fin de semana por lo que podría haber cambios en la recepción del dinero, adelantándose o atrasándose.
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El grupo ya ha fijado fecha para trasladar a la representación laboral su plan de reestructuración tras la absorción de Liberbank.
El ajuste es fruto de las repetidas reestructuraciones, la baja rentabilidad del negocio por unos tipos de interés históricamente bajos y el avance de la digitalización.
Las cooperativas de crédito continúan incrementando año tras año su cuota de mercado, tanto en crédito como en depósitos, una tendencia que no se ha visto alterada por la pandemia del coronavirus.
La nueva Unicaja Banco prevé hacer varios ajustes de plantilla en forma de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), aunque aún no lo ha "comunicado ni debatido" con los responsables sindicales, explica.
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