Bruselas, 8 abr.- La Justicia europea anuló hoy la directiva de conservación de datos ante su grave injerencia en los derechos de la vida privada de los ciudadanos, una decisión que tendrá un impacto profundo en futuras normativas pero cuyo efecto es inmediato solo a nivel comunitario y no así a escala nacional.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un gran revés para la Comisión Europea (CE), que analizará ahora detalladamente el fallo, cuyas consecuencias más inmediatas son que la UE "se ha quedado con efecto inmediato sin directiva comunitaria de retención de datos", según fuentes comunitarias.
La única opción de la CE es presentar una propuesta totalmente nueva, pero la sentencia ya influirá en la revisión de la directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas y en las negociaciones sobre el marco legal de protección de datos, ha reconocido la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.
No obstante, las legislaciones nacionales "están todavía en vigor" en los 26 Estados miembros que la han implementado (salvo Alemania), por lo que la sentencia no tendrá un impacto, por ahora, en la retención de datos en los países, indicaron las fuentes.
La CE no cree que deba recomendar a los miembros que tomen medidas, pero éstos tienen ahora tres opciones: seguir con la legislación nacional tal y como estaba, modificarla en base a la sentencia del tribunal o esperar y ver qué ocurre, explicaron fuentes comunitarias.
También indicaron que los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir la legislación nacional en sus respectivos países en base a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y en el fallo de la corte, con sede en Luxemburgo.
Los operadores de telecomunicaciones, por su parte, tendrán que cumplir con la retención y las solicitudes de acceso de datos porque, de otra manera, violarían la legislación nacional, agregaron.
La directiva requiere a éstos a almacenar durante al menos seis meses pero no más de dos años datos de tráfico y de localización generados o procesados por proveedores de servicios y de redes.
Eso se aplicaba tanto en los campos de la telefonía fija, móvil y por la red y el acceso a internet como al correo electrónico a fin de identificar el remitente o fuente, el destinatario, la fecha, el horario y la duración de la comunicación, el tipo de la misma, el equipo de comunicación empleado para ello y, en el caso de los celulares, la localización del equipo.
En cambio, no autoriza la conservación del contenido de la comunicación ni de la información consultada.
El fin último era garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo.
Sin embargo, el Tribunal de la UE considera que se sobrepasaron los límites que exigen el respeto del principio de proporcionalidad, es decir la directiva no dispone de un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a la privacidad y la protección de datos y el objetivo comunitario de garantizar su seguridad a través de la lucha contra el crimen.
La directiva se elaboró después de los atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2005.
En 2011 la Comisión ya publicó un informe de evaluación de la directiva en el que se mencionaba el problema del equilibrio entre la seguridad y el respeto a la privacidad que ahora han implicado que la Justicia europea tumbe la legislación.
El volumen tanto del tráfico de telecomunicaciones como de solicitudes de acceso a datos conservados va en aumento y, según la CE, en 2008 hubo unos 1,56 millones de requerimientos a los operadores de telecomunicaciones (conforme a datos de 17 Estados miembros) y en 2012 2,66 millones (de acuerdo con 12 países).
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