El magistrado sostiene que ambos ocultaron al Ayuntamiento su "nula experiencia en temas de material sanitario" y también "que habían inflado el precio de los contratos" de mascarillas, guantes y test en un 60, 81 y 71%.
Así se detalla en el acta de entrada y registro en el domicilio de Luceño, practicado el pasado 22 de septiembre por orden del juez Aldolfo Carretero después de que la Fiscalía solicitase esta diligencia.
Afirma que es "inútil" e "irrelevante" aclarar cómo los comisionistas "accedieron a los responsables en el Ayuntamiento de Madrid" para ofrecer sus servicios en la compraventa de mascarillas en plena pandemia.
Un abogado demandó a Almeida por presunta omisión del deber de perseguir delitos en el contrato a Luceño y Medina. Ahora un juzgado asegura que no pudo detectar la estafa antes que Anticorrupción.
"ICC no puede hablar de la exigibilidad de los contratos en casos particulares”, afirmó la organización en un escrito aportado a la causa. Anticorrupción solicita aclarar las consecuencias de utilizar su logotipo.
De estar pendiente de si le imputaban a convertirse en uno de los testigos de relevancia para entender cómo fue la relación entre los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas y el Ayuntamiento de Madrid.
El juez instructor Adolfo Carretero ha tomado declaración como testigo a la directora de la sucursal bancaria en la que el comisionista ingresó un millón de dólares por este contrato.
Adolfo Carretero que instruye el caso de las mascarillas en Madrid apunta que podrá quedar sin efecto en el momento en el que conste en el procedimiento la cuantía de la herencia de la que dispone el aristócrata.
El juez que investiga a los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas en Madrid ha citado a María Díaz de la Cebosa, como testigo, el próximo 9 de mayo y estudia la situación procesal de Carlos Martínez-Almeida.
"Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el empresario, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina, que se presentan como “agentes exclusivos” de Leno.
La asesoría jurídica del consistorio se opone a ampliar la investigación al gerente de la Funeraria de Madrid por supuesto delito de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia, como pedía Más Madrid.
El escrito fue presentado antes de que el empresario y el otro imputado en la supuesta estafa al ayuntamiento de Madrid, Alberto Luceño, declararan ante el magistrado.
El juez de Madrid ordena la retirada el pasaporte a los dos comisionistas imputados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas en la primera ola de la pandemia.
El alcalde de Madrid comparecerá a petición de Más Madrid, cuya portavoz le preguntará “por qué ocultó a los grupos municipales y a los madrileños que Anticorrupción estaba investigando varios contratos".
El juez subraya que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo".
El comisionista investigado ha comparecido 30 minutos y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a responde a la Fiscalía y a las acusaciones de PSOE, Podemos, Más Madrid y el Ayuntamiento.
Anticorrupción explicó sus dudas sobre la autenticidad de los documentos que los comisionistas aportaron al Ayuntamiento de Madrid en la comisión rogatoria emitida a Malasia, que ha concluido sin éxito.
Anticorrupción considera que el consistorio se ha visto involucrado en un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" y rechaza retirarle la condición de perjudicado dentro de la investigación.
El comisionista mandó a la funcionaria municipal encargada de la compra de mascarillas otro archivo en el que aparecían ocho trabajadores asiáticos sosteniendo un cártel en que se daba ánimos a España.
El juez acepta la fianza solicitada por Anticorrupción tras vaciar sus cuentas y dejar 247 euros, lo que impidió bloquearla. También abre la vía para embargar los derechos sobre la herencia de su abuela.
Las autoridades del país asiático comunican que han localizado a San Chin Choon, máximo responsable de la mercantil Leno, pero que éste no se presta voluntariamente a aclarar las dudas de Anticorrupción.
La portavoz del Gobierno municipal ha dicho que desde el Consistorio están "centrados" en "defender el interés de los madrileños, en defender cada euro público si se comprueba que ha habido una estafa".
El empresario alega que el Ayuntamiento "ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad".
La petición se realiza después de que el juez comprobara que el empresario cuenta con menos de 250 euros en su cuenta y que no conserva los bonos de inversión que adquirió con el dinero de las comisiones.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
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