El documento para reclamar la falta de accesibilidad en la administración es también inaccesible

El documento para reclamar una situación de falta de accesibilidad por parte de la Administración es también inaccesible. Así lo denunció Ramón López Corominas, emprendedor y especialista en accesibilidad, durante el Desayuno CENTAC sobre ‘Tecnología, acceso a la Justicia y el ejercicio de los derechos de todos: dificultades y retos’ que celebró hoy en Madrid el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC).
Según el experto, “se produce una doble injusticia y una gran indefensión”. También añadió que: “No acudir a una citación judicial por no recibir la información en un documento accesible puede tener con consecuencias personales dramáticas”. Asimismo, recordó que hay una ley que “obliga a la Administración a ser accesible” y que si no se cumple “se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.
En ese sentido, Nuria López, decana de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección especializada en protección de personas con discapacidad, admitió que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad es “la dificultad de ser debidamente informados”.
La decana apostó por la “especialización” de la justicia para “ofrecer un servicio mejor”. Y aseguró que: “Los jueces especializados en discapacidad proporcionan una justicia más adaptada a las necesidades de estas personas”. Para ello, dijo que la tecnología, unida a la necesidad y el sentido común, puede ser un perfecto aliado.
Aún así, para Rocío Pérez Puig, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y secretaria del Foro Justicia y Discapacidad “no puede haber un juzgado especializado en cada población”. Por ello apostó por sensibilizar y visibilizar el problema del acceso a la justicia para “hacer normal lo que debería ser normal”. Además, para la magistrada las nuevas tecnologías a veces “deshumanizan la justicia” y producen “nuevas barreras”.
En esa línea, Javier Laorden, abogado especialista en derecho tributario y mercantil y premio Foro Justicia-Discapacidad a una trayectoria personal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, por el Consejo General del Poder Judicial, reconoció que el sistema está pensado para lo general, no lo específico, y se pueden “producir abusos”.
“La Administración, al igual que la Justicia, tiene unos sistemas estandarizados que no contemplan la singularidad”. Sin embargo, propuso un cambio de cultura “hacia el sentido común” y que muchos procedimientos los resuelva la propia Administración sin recurrir a un proceso judicial. “Los profesionales de la justicia están sensibilizados y tienen que entender esa ‘cultura de lo justo’”, concluyó.