La Sala de lo Contencioso-Administrativo pide ocho jueces para afrontar el aumento de peticiones en 2021, a lo que se sumará en los próximos meses los recursos derivados de los desplazados por la invasión rusa.
La decisión se produce un día después del rechazo del Ministerio de Interior a la segunda petición de asilo del que fuera jefe de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Tras la segunda negativa del Ministerio del Interior de dar asilo al exmilitar venezolano, su defensa pone en marcha una batería de recursos para impedir que la Audiencia Nacional pueda reactivar su extradición.
La mayoría de las peticiones se han realizado en las comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, territorios en los que hay también un mayor número de ucranianos empadronados.
Las protestas de los camioneros son la punta de lanza de un enfado social mucho más amplio que dispara la sensación de desorden y falta de capacidad del Gobierno, tras casi tres semanas sin dar soluciones.
La patronal Fenadismer, que forma parte del CNTC, ha manifestado su interés en "no levantarse de la mesa de negociación hasta que no existan medidas concretas".
El despliegue se centrará en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte.
Según la Guardia Civil el grupo provocó diversos sabotajes contra camiones que no secundaban la huelga. Los hechos investigados ocurrieron en la autovía A-6 el 14 y 16 de marzo y en la N-120 el día 15.
En total, 8.398 guardias civiles y 7.122 policías nacionales. También participan Mossos D’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra.
La ministra aseguró que el Gobierno actuará "con contundencia" frente a la "violencia" desatada por el paro minoritario de transportistas, señalando que la "mayoría quiere seguir realizando su trabajo".
El objetivo es garantizar el suministro, pese a que varias industrias ya alertan de parones en la producción. Contará con la presencia de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra.
Letrados de oficio especializados en extranjería ayudarán a tramitar las solicitudes de protección temporal. Unos 40 colegios de abogados ya han puesto en marcha canales específicos para realizar estas gestiones.
Aunque no se ha registrado ningún incidente, fuentes de Interior señalan a Efe que el CNPIC trasladó el pasado viernes esta recomendación a las 250 compañías que se consideran estratégicas y esenciales.
El pasado año se tramitaron en nuestro país hasta 1.335 solicitudes de protección internacional de ciudadanos de Ucrania.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo anula parte de la decisión del Ministerio del Interior, que denegó estas medidas en julio de 2020, al entender que la situación actual de Ucrania no garantiza su seguridad.
Para dicha cantidad, consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados del 10 de noviembre de 2019.
Los magistrados consideran que la destitución del coronel tiene "interés casacional" y por eso han acordado estudiar el recurso que presentó contra la sentencia en la que la Audiencia avaló la legalidad de su cese.
La representante de España en Eurovisión centrará su intervención de este viernes en el ciberacoso en estos canales, tras los ataques verbales sufridos en Twitter, que le llevaron a cerrar su cuenta esta semana.
En su recurso Iglesias alega que las pesquisas deben prolongarse seis meses más para indagar en las posibles conexiones entre el robo del móvil de Bousselham y Villarejo y la cúpula policial de 2015.
Seprona, en colaboración con la compañía de reparto DHL, dieron la señal de alarma tras interceptar varias cajas de zapatos en las que se escondían lagartos y una serpiente pitón en estado de deshidratación.
El responsable del Ministerio del Interior y el embajador británico detallarán esta campaña en una rueda de prensa en la que estarán acompañados por el director general de operaciones de la National Crime Agency.
La lucha para destapar estos fondos dan sus frutos y golpean a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de 260 millones en propiedades y dinero en efectivo en el Estrecho.
La sentencia 'política' concluye que esta operación perseguía que "las pruebas que pudieran estar en posesión" de Bárcenas "se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas" por la Justicia.
Pasa de 724.000 plantas incautadas en 2016 a casi tres millones, colocándose en cabeza de la UE y doblando a Países Bajos. Turquía sigue superando al resto de países, con 42 millones de plantaciones.
El Juzgado de Instrucción de Zaragoza pide que la Policía Judicial aporte información sobre a quien se avisó en la cartera que ocupa Grande-Marlaska, la fecha en la que se hizo, y el medio y procedimiento utilizados.
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